Vestidas con trajes EPI y botas embarradas, familiares de las víctimas de la DANA que golpeó con fuerza el pasado 29 de octubre han llevado este jueves al Congreso cerca de 90.000 firmas para exigir una comisión de investigación que esclarezca los hechos y depure responsabilidades penales. Este acto simboliza el profundo dolor y enojo que sienten estas familias, que buscan respuestas por lo ocurrido y justicia para sus seres queridos.Entre las personas que lideraron esta protesta se encuentra Meri García, vecina de Catarroja, quien impulsó la recogida de firmas el 26 de noviembre a través de la plataforma change.org. La tragedia la tocó de cerca, ya que su padre, Felipe, figura entre las 223 víctimas mortales de la catástrofe. Con voz firme, Meri declaró: “A mi padre lo mataron en la DANA; esta catástrofe nos dejó a los ciudadanos valencianos completamente desprotegidos”.Meri no duda en señalar que su padre y muchas otras víctimas &quot;fueron asesinados&quot; por la inacción de las autoridades. “Mi padre debería estar aquí, igual que los cientos de personas que ya no están con nosotros”, afirmó visiblemente emocionada. En su mensaje, lamentó que las instituciones que deberían haber protegido a la población &quot;dieron la espalda&quot; a los valencianos en los momentos más críticos.Junto a Meri García estuvieron Maite Pagan y Yolanda Garrido, ambas afectadas directamente por la tragedia. Maite perdió a su hermana y a su sobrino de cuatro años, quienes cayeron al barranco del Poio durante las inundaciones. Yolanda, por su parte, perdió a su hermano. Ambas alzaron sus voces en el Congreso, rodeadas de periodistas, denunciando que “miles de familias están rotas porque no nos alertaron de lo que venía”.Yolanda destacó la falta de respuestas y la lentitud de las ayudas. “Se llenan la boca con promesas de apoyo que aún no llegan. Queremos saber quién va a pagar por lo que pasó”, exclamó. Mientras tanto, Maite, con un discurso apolítico, expresó su incomprensión ante la falta de una investigación seria: “No entiendo por qué nadie está ayudando ni por qué no se ha abierto una investigación”.Aunque solo algunas familias estuvieron presentes este jueves, los afectados anunciaron que están organizándose para presentar una denuncia conjunta. Aseguran que no descansarán hasta agotar todas las vías legales que permitan esclarecer lo ocurrido. Según señalaron, ningún diputado se ha comunicado con ellas para apoyar la propuesta de una comisión de investigación.Desde el Congreso, la líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, respaldó la necesidad de investigar los hechos: “Es esencial depurar responsabilidades y esclarecer lo que ocurrió”.<h3>El Congreso y las ayudas por la DANA</h3>Coincidiendo con la protesta, el pleno del Congreso aprobó el segundo decreto ley de ayudas por la DANA, que incluye 110 medidas con un presupuesto de 3.765 millones de euros. Este paquete de ayudas, anunciado el pasado 11 de noviembre, fue aprobado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox.Durante la sesión, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, agradeció el respaldo recibido y criticó a Vox por no apoyar las medidas. En contrapartida, el portavoz de Vox, José María Figaredo, acusó al Gobierno de ser responsable de las muertes por su falta de acción en el mantenimiento de infraestructuras.El paquete de ayudas aprobado está diseñado para beneficiar a más de 100.000 hogares, 30.000 empresas y 400.000 trabajadores. Entre las medidas destacan la compensación a propietarios e inquilinos por daños en viviendas, la prohibición de cortes de energía en las zonas afectadas y la extensión de ayudas a quienes hayan perdido enseres esenciales.Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidía en Moncloa una reunión del Comité de crisis para analizar el impacto de la DANA. Además, se anunció, durante la Conferencia de Presidentes, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, presentará un Plan Nacional contra Inundaciones que incluirá un fondo de solidaridad para agilizar ayudas en futuras catástrofes.El drama de la DANA del 29 de octubre ha dejado heridas profundas en las familias afectadas, que no cesarán en su lucha por encontrar la verdad. Mientras el Congreso avanza en la aprobación de ayudas, las voces de protesta exigen algo más: justicia, dignidad y una investigación que garantice que tragedias como esta no se repitan.

Reclaman justicia tras la DANA, una tragedia que deja huellas imborrables

Listado de artículos

El incierto futuro de Muface, la mutua que gestiona la sanidad de 1,5 millones de funcionarios, está generando gran preocupación. De estos, cerca de un millón utiliza servicios de la sanidad privada, pero la continuidad del sistema está en juego. El Gobierno está en pleno proceso de negociación con las aseguradoras para mantener el modelo, pero si las conversaciones fracasan, el fin de Muface podría convertirse en una realidad. Esta situación tendría un impacto significativo, sobre todo en algunas comunidades autónomas, que verían incrementada la presión sobre sus sistemas sanitarios.Las comunidades más afectadas serían Madrid, Andalucía y Extremadura, donde se espera un aumento de alrededor del 4,5% en la población sanitaria mayor de 65 años. Este grupo etario supone un desafío debido a su alto uso de los servicios de salud. Además, tanto Madrid como Andalucía enfrentan la dificultad añadida de contar con los menores niveles de gasto sanitario por habitante del país, lo que agrava la situación.Otra región que también sufriría un impacto relevante sería Castilla-La Mancha, ya que es la autonomía con mayor número de funcionarios de Muface que se trasladarían al sistema público. Sin embargo, el peso de la población envejecida en esta comunidad es algo inferior. Por el contrario, territorios como País Vasco, Navarra, Baleares y Cataluña experimentarían un impacto mucho menor, con aumentos de presión que no superarían el 2% de su población protegida.Este traspaso masivo de funcionarios al sistema público representaría un desafío para un sistema ya tensionado. Según los expertos consultados, a corto plazo es probable que se produzcan más colas, tensiones en los servicios y listas de espera más largas, aunque estas dificultades podrían gestionarse con una adecuada transferencia de recursos por parte del Estado.Sergi Jimenez, catedrático de Economía en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), explica: &quot;Es lógico que haya tensiones iniciales, pero si los recursos que actualmente se destinan a Muface se canalizan al sistema nacional de salud, no tendría por qué haber grandes problemas&quot;.Un informe elaborado por la Cátedra Extraordinaria de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) calcula que el fin de Muface costaría aproximadamente 1.000 millones de euros a las arcas públicas. Esta cifra representa la diferencia entre la prima que paga la mutua y el gasto sanitario total. El informe destaca varias consecuencias importantes, siendo una de las más preocupantes el aumento de la presión en atención primaria y consultas externas, sectores ya saturados en muchas comunidades.<h4>Previsiones del informe de la UCM:</h4><ul><li>Necesidad de incorporar cerca de 4.000 camas hospitalarias adicionales.</li><li>Incremento del 266% en las listas de espera para consultas externas.</li><li>Duplicación de los tiempos de espera para cirugías.</li></ul>Ciudades como Madrid, Sevilla, Valencia y Barcelona tendrían mayores dificultades para absorber esta demanda, según el informe.No obstante, el escenario no está completamente claro. Muchos funcionarios podrían optar por contratar seguros privados para mantener las coberturas actuales, especialmente teniendo en cuenta que tres de cada cuatro mutualistas pertenecen al grupo A, que cuenta con mayores ingresos.Guillem López Casasnovas, director del Centro de Investigación en Economía y Salud de la UPF, explica: &quot;Es probable que muchas personas opten por pólizas privadas si el convenio no se renueva. Incluso las aseguradoras podrían ofrecer seguros complementarios a precios competitivos. En algunos casos, puede ser más rentable para ellas abandonar el sistema de Muface y centrarse en este tipo de productos&quot;.Este fenómeno sería especialmente visible en la atención primaria y consultas especializadas, donde los tiempos de espera juegan un papel crítico. &quot;Buena parte de quienes contratan seguros privados lo hacen para evitar largas esperas en los diagnósticos&quot;, señala López. Sin embargo, advierte sobre un problema de equidad: &quot;En muchos casos, los pacientes acuden a la sanidad pública para los tratamientos más complejos, lo que crea una desigualdad en el acceso a los recursos&quot;.El destino de Muface sigue siendo incierto, pero su desaparición podría traer cambios profundos al sistema sanitario español. Si bien las tensiones iniciales son inevitables, los expertos consideran que, con una buena gestión de recursos y una planificación adecuada, el sistema público podría absorber la transición. Sin embargo, el impacto en términos de equidad y acceso a los servicios sanitarios plantea preguntas importantes sobre el futuro de la sanidad en España.

El desafío para el sistema sanitario público con la incertidumbre de Muface

El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha decidido reabrir la investigación contra el exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, tras ser denunciado por la actriz Elisa Mouliaá por un supuesto caso de agresión sexual. Tanto el acusado como la denunciante han sido citados a declarar el próximo 16 de enero. Sin embargo, este no es el único caso judicial al que se enfrenta Errejón, ya que la colaboradora televisiva Aída Nízar también ha presentado una denuncia contra él por hechos similares.El magistrado Adolfo Carretero ha estimado el recurso presentado por la Fiscalía y la defensa de la denunciante, revocando la suspensión de los plazos de la causa que había decretado previamente debido a la baja médica de la abogada Carla Vall, representante legal de Mouliaá. Según el juez, la actriz no había designado a otro letrado de confianza para sustituir a Vall, lo que inicialmente había llevado al archivo provisional del caso en noviembre de 2023.La reapertura de la investigación permitirá que el procedimiento continúe, y tanto Íñigo Errejón como Elisa Mouliaá están citados para declarar el mismo día.<h3>El relato de los hechos</h3>La denuncia detalla que los supuestos hechos ocurrieron en septiembre de 2021, tras un intercambio de mensajes entre el político y la actriz durante aproximadamente un año. Según el testimonio de Mouliaá, Errejón la invitó a la presentación de su libro y, después del evento, ambos acudieron a un bar cercano a tomar algo. Más tarde, la actriz lo invitó “por educación” a una fiesta en casa de un amigo, a lo que el político accedió.El relato continúa señalando que, en el ascensor del edificio, Errejón habría adoptado &quot;una actitud dominante&quot;, agarrándola fuertemente de la cintura y besándola de manera violenta. En la fiesta, después de interactuar con otros asistentes, el político habría llevado a la actriz a una habitación, donde supuestamente se produjeron los actos denunciados, incluidos tocamientos no consentidos y frases lascivas como &quot;cómo me pones&quot;.Según la denuncia, la situación continuó cuando ambos se trasladaron al domicilio de Íñigo Errejón, donde él habría retomado los tocamientos pese a que Mouliaá expresó sentirse incómoda y calificó la experiencia como violenta. La actriz asegura haberle recordado al político la consigna de &quot;solo sí es sí&quot; antes de finalizar el incidente.<h3>Otra denuncia: el caso de Aída Nízar</h3>Además de la causa presentada por Mouliaá, el Juzgado número 11 de Barcelona ha abierto diligencias contra Íñigo Errejón por una denuncia de agresión sexual interpuesta por la colaboradora televisiva Aída Nízar. Según los documentos a los que ha accedido 20 Minutos, el incidente habría ocurrido en Marbella hace más de un mes.En su declaración, Nízar, conocida por su trayectoria en televisión y su participación en reality shows como Gran Hermano, acusó al político de abalanzarse sobre ella, abrazándola de manera inapropiada y presionándola contra él hasta que notó una erección. Durante el incidente, Errejón supuestamente le dijo que era “más guapa en persona”, según consta en la denuncia.La reapertura de estas causas marca un punto clave en el proceso judicial contra Íñigo Errejón, cuya situación legal se complica debido a las múltiples denuncias. El próximo 16 de enero, el testimonio de Elisa Mouliaá y el interrogatorio al exdiputado serán cruciales para el desarrollo del caso en Madrid.Por otro lado, las diligencias en el caso de Aída Nízar avanzan en paralelo, lo que podría implicar nuevas complicaciones legales para el exdiputado y fundador de Podemos.Estas acusaciones han generado un debate intenso sobre el comportamiento de figuras públicas y las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro y respetuoso para todas las personas. Íñigo Errejón, por su parte, no ha emitido declaraciones públicas recientes sobre estas denuncias.

Se reabre el caso contra Errejón por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

El próximo viernes 12 de enero, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sellará un importante acuerdo con el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, que establece la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales antes del 31 de diciembre de 2025. Este compromiso asegura que la disminución de horas no afectará los salarios de los trabajadores.El Ministerio de Trabajo ha anunciado que el acto de firma se realizará a las 11:00 horas en su sede en Madrid. No contará con la participación de representantes de la patronal, quienes, tras 11 meses de intensas negociaciones, no llegaron a un consenso y quedaron fuera del acuerdo.La negociación inicial involucraba al Gobierno, los sindicatos y la patronal en una mesa tripartita de diálogo social. Sin embargo, las diferencias insalvables llevaron a que se consolidara una mesa bilateral únicamente entre el Gobierno y los representantes sindicales. Fue en este contexto donde se cerró el pacto histórico que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores en España.Según fuentes del Ministerio de Trabajo, tanto las empresas como los sindicatos tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para renegociar los convenios colectivos y adaptar sus estructuras laborales a la nueva jornada de 37,5 horas semanales. El plazo comenzará a correr una vez que la normativa sea aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).No obstante, los detalles específicos de la reforma aún no se han hecho públicos, y su redacción final deberá someterse al debate parlamentario. Esta situación ha generado tensiones dentro del propio Gobierno, particularmente entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quienes discrepan en aspectos clave como los plazos de aplicación y las ayudas destinadas a las pequeñas y medianas empresas (pymes).<h3>Tensiones dentro del Gobierno y postura de la patronal</h3>Mientras que Yolanda Díaz, respaldada por los sindicatos, impulsa una implementación que cumpla los plazos acordados para 2025, Carlos Cuerpo aboga por una aplicación más gradual. El ministro de Economía incluso ha planteado extender el periodo de adaptación hasta 2026 para garantizar los apoyos parlamentarios necesarios y brindar un mayor acompañamiento financiero y logístico a las empresas.Por otro lado, la patronal ha mostrado un claro rechazo a esta reforma. Según Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la CEOE, la reducción de la jornada laboral por decreto es una &quot;intromisión en la autonomía de la negociación colectiva&quot;, protegida por el artículo 37.1 de la Constitución Española. Además, calificó la medida como &quot;ineficiente&quot; y perjudicial tanto para el empleo como para el bienestar social. Así lo expresó en una entrevista concedida a RNE el mismo día en que finalizaron las negociaciones tripartitas.Pese a las críticas, los sindicatos celebran el acuerdo como un paso histórico hacia la mejora de las condiciones laborales en España. Unai Sordo y Pepe Álvarez han destacado la importancia de este cambio para garantizar un mejor equilibrio entre la vida personal y laboral, especialmente en un contexto donde la productividad y el bienestar de los trabajadores son fundamentales.Este acuerdo también se enmarca dentro de un contexto europeo donde varios países están explorando reducciones de jornada para adaptarse a las nuevas realidades del mercado laboral. La iniciativa de España se suma a una tendencia global que busca favorecer modelos de trabajo más sostenibles y equitativos.El texto final de la reforma deberá ser aprobado por el Congreso de los Diputados, un proceso que podría enfrentar retos debido a la oposición de algunos sectores empresariales y parlamentarios. Mientras tanto, tanto el Gobierno como los sindicatos han reafirmado su compromiso de trabajar juntos para garantizar que esta transformación laboral se implemente de manera efectiva y con el menor impacto negativo posible.La firma de este acuerdo será un hito en la política laboral española, marcando el inicio de un proceso que promete cambiar significativamente las dinámicas del empleo en el país.

La jornada laboral a 37,5 horas semanales a un paso de implantarse

La tasa de abandono escolar en España finalizará 2024 en torno al 13%, consolidándose como la segunda más elevada en la Unión Europea, únicamente superada por Rumanía, que alcanza el 16,6%. Estos datos han sido revelados por el centro de análisis Funcas, basándose en la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Para abordar este desafío, Funcas sugiere implementar campañas de concienciación, mejoras salariales para docentes en centros con especial dificultad y tutorías personalizadas para los estudiantes.A pesar de lo preocupante de la cifra, se ha registrado una leve mejora respecto a 2023, cuando el índice se situó en el 13,7%, en comparación con el 13,2% de 2024. Si miramos dos décadas atrás, los avances son notables: en 2002, el porcentaje de abandono escolar alcanzaba el 30,9%, casi triplicando el nivel actual. Sin embargo, el país aún está lejos de cumplir con el objetivo fijado por la Unión Europea para 2030, que establece que la tasa de abandono escolar no debería superar el 9%. En la actualidad, la media europea es del 9,5%, apenas medio punto por encima de la meta deseada.El abandono temprano tiene repercusiones significativas tanto para los individuos como para la sociedad en general. Según Funcas, está vinculado con menores índices de crecimiento económico, una reducción en los ingresos fiscales, tasas de desempleo más altas y un aumento en la demanda de prestaciones sociales.El director del área de Educación de Funcas, Ismael Sanz, subrayó que este fenómeno representa “uno de los mayores retos del sistema educativo en España”. Además, destacó su impacto no solo en las trayectorias personales de los jóvenes, sino también en el desarrollo económico, social y cultural del país. Sanz añadió que el abandono educativo temprano está fuertemente influido por factores como el nivel educativo de los padres y el contexto socioeconómico familiar, lo que afecta especialmente a grupos con características &quot;muy específicas&quot;.<h3>Medidas para reducir el abandono escolar</h3>Para frenar esta problemática, Funcas propone diversas estrategias. Entre ellas, destacan:<ol><li>Campañas publicitarias enfocadas en resaltar la importancia de completar los estudios.</li><li>Incrementar los salarios de los docentes en centros educativos de difícil desempeño para mejorar la calidad de la enseñanza y la motivación de los profesores.</li><li>Introducir tutorías personalizadas con grupos pequeños de cinco estudiantes para reforzar asignaturas clave como Lengua y Matemáticas.</li><li>Promover programas de mentorías para estudiantes de Secundaria, en los que jóvenes del mismo entorno compartan sus experiencias de éxito, ayudando a mejorar la percepción sobre la relación entre esfuerzo académico y logros personales.</li></ol><h3>Factores de riesgo</h3>Los expertos señalan que las principales causas del abandono escolar están relacionadas con situaciones familiares complicadas, problemas económicos y una percepción generalizada de que la educación carece de utilidad. Además, el riesgo se agrava en casos donde los jóvenes no reciben apoyo suficiente para afrontar diagnósticos como la dislexia o el TDAH, o cuando los alumnos enfrentan la experiencia de repetir curso.María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas, destacó que los hombres lideran las tasas de abandono escolar, siendo un grupo que requiere especial atención dentro de las estrategias de intervención.Además de las medidas específicas mencionadas, los expertos abogan por la implementación de una estrategia global que contemple:<ul><li>Apoyo emocional a estudiantes en riesgo.</li><li>Orientación vocacional desde edades tempranas.</li><li>Creación de entornos educativos inclusivos.</li><li>Políticas educativas que fomenten un aprendizaje más flexible y significativo, adaptado a las necesidades individuales.</li></ul>A medida que se acerca el objetivo europeo de 2030, España enfrenta el reto de reducir significativamente su tasa de abandono escolar. Aunque se han logrado progresos desde 2002, aún queda mucho trabajo por hacer para cerrar la brecha con otros países de la Unión Europea y garantizar un sistema educativo inclusivo y eficiente para las futuras generaciones.

España lidera el podio con los peores datos de abandono escolar

El Gobierno español ha anunciado la puesta en marcha, en un plazo máximo de dos años, del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para botellas de plástico de un solo uso en todo el país. La decisión surge tras los resultados del informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que revelan que en 2023 solo se recuperó el 41,3% de estos envases, lejos del 70% exigido por la Ley de Residuos.Según los datos del informe, en 2023 ingresaron al mercado español 214.039 toneladas de botellas de plástico, de las cuales solo 88.499 toneladas fueron recogidas selectivamente (74.482 toneladas mediante entidades locales y 14.017 a través de recogidas privadas). Esto significa que casi un 60% de los envases no retornaron al sistema, incumpliendo las metas fijadas por la Directiva (UE) 2019/904, que busca reducir el impacto ambiental de los productos plásticos.Por otro lado, la entidad gestora de residuos Ecoembes, que agrupa a más de 16.000 empresas como Coca-Cola, Danone, Nestlé, Carrefour y Mercadona, sostiene que las cifras oficiales del Miteco no son correctas. Según sus estimaciones, el reciclaje de botellas de plástico alcanzó el 73,4% en 2023. En un comunicado, han solicitado al Gobierno que aclare la metodología utilizada para calcular las tasas de recogida y así evitar &quot;discrepancias técnicas&quot;.<h3>Una estrategia para cumplir los objetivos europeos</h3>La introducción del SDDR responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos comunitarios de reciclaje y reducir el impacto de los plásticos en el medio ambiente. Este sistema obligará a los consumidores a abonar un depósito adicional al adquirir productos envasados en plástico, que será devuelto al regresar los envases vacíos al punto de venta.La Alianza Residuo Cero, integrada por 130 entidades de la sociedad civil, ha celebrado esta medida como un &quot;paso histórico&quot;. Según esta coalición, el SDDR será un &quot;gran legado de Teresa Ribera&quot;, ministra para la Transición Ecológica, y permitirá asegurar que el reciclaje de envases alcance los estándares europeos antes de 2026.La polémica entre el Gobierno y Ecoembes refleja una &quot;guerra de cifras&quot;. Mientras el Miteco asegura que el reciclaje de envases no supera el 41,3%, Ecoembes afirma que sus datos muestran un avance considerable, superando el 70% en los últimos años. Según la organización, esta discrepancia se debe a que las cifras del Ministerio no incluyen residuos recolectados en zonas de alta afluencia, como universidades, hospitales o centros deportivos, que representan más del 40% de las botellas recuperadas, según sus cálculos.En respuesta, el Miteco ha defendido la transparencia de su metodología, señalando que sus cifras son coherentes con estudios independientes, como el presentado por Zero Waste Europe y la consultora Eunomia, que estimaron tasas de reciclaje similares al 36% en informes previos.Para organizaciones como Greenpeace, esta medida representa una &quot;victoria histórica&quot;. Tras más de 15 años de campañas a favor del SDDR, consideran que esta decisión marca un punto de inflexión en la lucha contra la contaminación plástica en España.Por su parte, la Alianza Residuo Cero ha instado al Gobierno a cumplir los plazos establecidos. Según esta coalición, para el 22 de noviembre de 2026, el sistema debe estar plenamente operativo, permitiendo a los ciudadanos devolver botellas, latas y briks en cualquier tienda o supermercado. Esto no solo facilitará el reciclaje, sino que también contribuirá a reducir el volumen de residuos plásticos en vertederos y mares.El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno no es nuevo. Este método, similar al sistema tradicional de &quot;devolver los cascos&quot; que se usaba en España hasta los años ochenta, ya se aplica en 50 países y regiones, incluidos 16 países europeos. Con este modelo, productos como aguas, cervezas, zumos y refrescos incluyen un pequeño depósito adicional, de entre 10 y 20 céntimos, que el consumidor recupera al devolver los envases vacíos en los puntos designados.El sistema no solo fomenta el reciclaje, sino que también mejora la trazabilidad de los residuos, algo que las autoridades consideran esencial para alcanzar una economía circular.<h3>Un futuro más sostenible</h3>La introducción del SDDR en España busca cerrar el ciclo de vida de los envases plásticos, fomentando su reutilización o reciclaje y minimizando el impacto ambiental. Esta medida, junto con otras acciones impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, posiciona a España como un referente en la gestión sostenible de residuos. A medida que se acerque la fecha de implementación, será crucial observar cómo se ajustan las infraestructuras y cómo responde la sociedad a este cambio transformador.

El conflicto entre el Gobierno y Ecoembes por los envases retornables

Apenas han pasado dos semanas desde que Víctor de Aldama se presentó de manera voluntaria ante el juez de la Audiencia Nacional, una comparecencia que ha causado revuelo y que ha incluido graves acusaciones contra varios altos cargos del PSOE. Durante su declaración, Aldama señaló a varias figuras clave del partido, entre ellas el propio Pedro Sánchez, además de presentar documentos y pruebas que respaldarían sus acusaciones. A raíz de estas declaraciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con otros miembros del PSOE, ha emitido desmentidos, y se han producido varios intercambios de acusaciones y descalificaciones.<h3>Las acusaciones y las pruebas presentadas por Aldama</h3>Uno de los puntos más destacados de las acusaciones de Víctor de Aldama fue la implicación de Pedro Sánchez. En su declaración, Aldama afirmó que Sánchez quería encontrarse con él en un evento del PSOE, y que, durante ese encuentro, el presidente le expresó su agradecimiento por su colaboración en diversos temas. Esta afirmación fue desmentida rápidamente por Pedro Sánchez, quien calificó la versión de Aldama como una &quot;invención&quot; y lo llamó &quot;personaje&quot;. Sin embargo, Aldama respondió desde su salida de prisión, afirmando que dicho encuentro no fue casual y acusando al presidente de ser un &quot;mitómano&quot; con &quot;Alzhéimer&quot;. Aunque Aldama ha insistido en que tiene pruebas para respaldar su versión, hasta el momento no ha presentado evidencia concreta que respalde sus afirmaciones.Otro de los nombres mencionados por Aldama es el del exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien también ha sido señalado en varias ocasiones. Aldama presentó recientemente un documento que sugiere que Ábalos recibió comisiones relacionadas con obras públicas durante su tiempo en el Ministerio de Transportes. Además, Aldama reveló que, según un supuesto pacto entre Ábalos y el implicado en la trama Koldo, el exministro habría recibido un piso valorado en 1,9 millones de euros en el Paseo de la Castellana de Madrid a cambio de contratos y favores relacionados con obras públicas.Aparte de Ábalos, Aldama mencionó a otros miembros destacados del PSOE, como Santos Cerdán y Ángel Víctor Torres, a quienes se les habría entregado sobres con grandes cantidades de dinero. Según Aldama, Cerdán recibió un sobre con 15.000 euros, mientras que Torres habría solicitado uno con 50.000 euros en el contexto de las gestiones para la compra de mascarillas durante la pandemia. Asimismo, Koldo García, otro nombre central en las acusaciones, habría recibido un sobre con 100.000 euros. Sin embargo, tanto Cerdán como Torres han negado estas acusaciones rotundamente.Otro episodio revelado por Aldama fue su testimonio sobre la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, quien, según Aldama, se reunió en al menos una ocasión con Teresa Ribera para tratar el problema de la España vaciada. En esos encuentros, también habría estado presente el exCEO de Globalia, Javier Hidalgo.Uno de los momentos más controversiales de las declaraciones de Aldama es su relato sobre una cena que involucraba a varios miembros del gobierno y a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Según Aldama, Pedro Sánchez, Ábalos, Grande-Marlaska, Teresa Ribera, María Jesús Montero y Salvador Illa estaban planeando asistir a una cena con Rodríguez. Sin embargo, esa cena nunca se llevó a cabo, y Aldama sostiene que fue él quien estuvo involucrado en la preparación de la visita de la vicepresidenta venezolana. A pesar de la gravedad de la afirmación, hasta el momento no se ha presentado evidencia que corrobore este relato.En sus declaraciones, Aldama también ha hablado de su relación con diversos miembros de la Guardia Civil, destacando que en 2022 fue condecorado con la medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Según un informe, Aldama y Koldo García habrían realizado pagos en efectivo a miembros de la Guardia Civil, incluyendo al coronel Francisco José Vázquez, quien lideraba la unidad contra el terrorismo yihadista. Estos pagos se habrían producido entre 2021 y 2023, y las pruebas de estas transacciones están siendo investigadas por la Unidad Central Operativa (UCO).<h3>El chat de WhatsApp de los &#039;Cuatro Mosqueteros&#039;</h3>Una de las piezas clave de la investigación es un chat de WhatsApp en el que Aldama, junto con Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano Costumero y César Moreno García, discutían sobre pagos y otros movimientos relacionados con la trama de Koldo García. La UCO ha interpretado estas conversaciones como una evidencia de transacciones ilícitas entre los implicados.Por último, Carmen Pano, una empresaria que ha estado vinculada al caso, reveló que entregó sobres con 90.000 euros en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, siguiendo las indicaciones de Aldama, aunque este último lo negó en una entrevista posterior. Además, Pano desveló que fue ella quien compró un chalet en La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción (Cádiz), para José Luis Ábalos.El caso Koldo sigue siendo uno de los escándalos más polémicos en la política española, con Víctor de Aldama como figura central. A medida que surgen nuevas acusaciones y pruebas, la investigación parece extenderse, poniendo en evidencia presuntos sobornos, favores políticos y pagos en efectivo, lo que sigue dejando en entredicho la integridad de varios miembros del PSOE. Sin embargo, las acusaciones continúan siendo desmentidas por aquellos implicados, y el caso sigue sin resolverse.

Víctor de Aldama vuelve a la carga contra Ábalos, Torres y Cerdán

El juez Ángel Hurtado, quien lleva la instrucción del caso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo, ha ordenado este martes al Ministerio Público preservar las grabaciones de seguridad relacionadas con el registro realizado en el despacho del fiscal general. Este requerimiento responde a un escrito presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que señalaba supuestas irregularidades ocurridas durante ese procedimiento.Según una providencia a la que tuvo acceso Europa Press, la APIF detalló que el fiscal Salvador Viada habría observado a García Ortiz, junto con la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, revisando un móvil durante el registro llevado a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este incidente habría tenido lugar el pasado 30 de octubre, aproximadamente a las 19:00 horas, en el salón noble de la Fiscalía General del Estado, cerca de una obra del navegante Juan de la Cosa.En respuesta a esta información, el magistrado Hurtado ha remitido una orden al servicio de seguridad de la Fiscalía General, indicando que se conserven las imágenes de las cámaras que apuntan al salón noble del patio central del edificio. Estas grabaciones, correspondientes al intervalo entre las 18:00 y las 19:45 horas del día 30 de octubre, deberán mantenerse disponibles hasta que se tome una decisión adicional.La APIF, representada por los abogados Juan Antonio Frago, Verónica Suárez, Álvaro Bernad y Napoleón Cánovas, ya había solicitado que se evitaran posibles eliminaciones de dichas grabaciones. Asimismo, propusieron que el fiscal Salvador Viada fuera citado como testigo para confirmar la existencia de este &quot;inusual y significativo encuentro&quot; entre García Ortiz y Sánchez Conde.<h3>Polémica sobre las acciones durante el registro</h3>La APIF considera que resulta &quot;inconcebible&quot; que Sánchez Conde, quien está encargada del caso, haya mantenido una reunión con el investigado sin la presencia de su abogado, y que ambos hayan examinado una prueba clave del caso. Subrayan que esto resulta aún más cuestionable considerando que el secreto de sumario no se había levantado completamente.Por otro lado, fuentes fiscales han señalado que, en el momento de ese presunto encuentro, la UCO ya había copiado el contenido íntegro del móvil en cuestión. Sin embargo, estas mismas fuentes aseguraron que en el área interna de la Fiscalía General del Estado no existen cámaras de seguridad, una circunstancia que, según indican, ha sido comunicada al juez Ángel Hurtado.El caso contra Álvaro García Ortiz y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, fue abierto por el Tribunal Supremo el pasado 16 de octubre. Ambos están siendo investigados por la supuesta filtración de correos electrónicos relacionados con la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Dichos correos, intercambiados con el fiscal Julián Salto, aluden a investigaciones por presuntos delitos fiscales.La apertura de esta causa y los hechos que rodean al registro han generado un gran revuelo en el ámbito judicial y político. La APIF insiste en que se aclare la situación, subrayando la importancia de garantizar la transparencia y evitar cualquier sospecha de irregularidades en el proceso.El futuro desarrollo de este caso será crucial no solo para el destino judicial de García Ortiz, sino también para la confianza pública en las instituciones encargadas de la justicia. Mientras tanto, la decisión del juez Hurtado de preservar las grabaciones evidencia la relevancia de las acusaciones y el peso de las pruebas en juego.

El Supremo pide a la Fiscalía no borrar las grabaciones del despacho de Ortiz

<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow"><div class="min-h-8 text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-normal break-words [.text-message+&amp;]:mt-5"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]"><div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light">La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha remitido información al juez Juan Carlos Peinado, confirmando que las cátedras co-dirigidas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, no lograron superar los 20 estudiantes en ningún curso. Este dato forma parte de la documentación enviada al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde se investiga a Gómez por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, intrusismo profesional y corrupción en los negocios privados.La indagación sobre las cátedras y el número de estudiantes surgió debido a discrepancias detectadas en los testimonios recogidos durante la investigación. Según el magistrado Peinado, estas contradicciones justificaron una revisión exhaustiva del número de matriculados en los másteres asociados a dichas cátedras.Uno de los testigos clave, Marc Simón, subdirector de la Fundación La Caixa, organización que patrocinaba una de las cátedras, presentó al juez una memoria que, según afirmó, había sido enviada por Gómez a la fundación. Este documento señalaba que las cátedras habrían contado con casi 250 alumnos, un dato que generó dudas debido a su aparente falta de coherencia con otros testimonios.Por otro lado, el profesor Luis Ciprés, quien impartió clases en uno de los másteres investigados, declaró en su comparecencia que las clases no superaron los 10 o 15 estudiantes por edición. Además, detalló que había recibido compensaciones económicas que oscilaban entre 900 euros en un año y 1.500 euros en otro periodo.Las contradicciones entre el informe presentado por Marc Simón y las declaraciones de otros implicados llevaron al juez a solicitar directamente a la UCM el número exacto de matriculados en las ediciones de cada cátedra. Según los datos proporcionados por la universidad:<ul><li> El Máster en Transformación Social Competitiva (TSC) tuvo:<ul><li>14 estudiantes en su primera edición.</li><li>10 estudiantes tanto en la segunda como en la tercera edición.</li></ul> </li><li> El Máster de Formación Permanente en Fundraising Público y Privado para ONL registró:<ul><li>8 estudiantes en el curso 2014/15 (semipresencial).</li><li>11 estudiantes en el siguiente curso, también en modalidad semipresencial.</li><li>10 estudiantes en los dos cursos posteriores.</li><li>En 2019/20, con modalidad presencial, hubo 15 estudiantes.</li><li>En 2020/21, 13 estudiantes presenciales.</li><li>En 2021/22, también presencial, 16 estudiantes.</li><li>En 2022/23, bajo modalidad semipresencial, se matricularon 9 estudiantes.</li></ul> </li></ul>El curso que logró la mayor inscripción fue el de 2022/23 en modalidad completamente no presencial, con 17 estudiantes.<h3>Una brecha significativa en los testimonios</h3>El juez Peinado detectó una discrepancia sustancial entre los datos reales y los números proporcionados por Marc Simón. Este último, quien declaró como testigo el pasado 26 de agosto, aseguró que las cátedras habrían contado con 248 alumnos, basándose en la memoria enviada por Begoña Gómez. Al contrastar esta información con los registros oficiales de la UCM, el juez concluyó que los números estaban inflados y decidió incluir la memoria en la causa como prueba.La documentación oficial de la Universidad Complutense de Madrid pone en tela de juicio la veracidad de los datos presentados por Begoña Gómez a los patrocinadores de las cátedras, como la Fundación La Caixa. Este hecho podría reforzar las sospechas sobre los posibles delitos investigados: desde tráfico de influencias hasta corrupción en negocios privados. Además, las aparentes incongruencias en los testimonios subrayan la importancia de esclarecer las relaciones entre la UCM y Gómez, tanto en términos académicos como financieros.La investigación, aún en curso, podría tener repercusiones significativas tanto en el ámbito político como en el académico, dado el papel de la UCM como una institución de referencia en España.</div></div></div></div><div class="mb-2 flex gap-3 empty:hidden -ml-2"><div class="items-center justify-start rounded-xl p-1 flex"><div class="flex items-center"> </div></div></div>

El lío de Begoña Gómez con las cátedras de la Universidad Complutense

El Parque Natural de la Albufera de Valencia, uno de los ecosistemas más valiosos de España, se encuentra gravemente afectado tras la catastrófica DANA del pasado 29 de octubre. A las pérdidas humanas, que suman al menos 222 fallecimientos, se añade un impacto ambiental calificado como &quot;excepcional y catastrófico&quot; en este espacio protegido, que forma parte de la Red Natura 2000 de la Unión Europea y de la lista de humedales internacionales RAMSAR.A pesar del desastre, la candidatura de la Albufera para ser reconocida como Reserva de la Biosfera por la UNESCO sigue adelante, según ha afirmado el Ayuntamiento de Valencia.La riada trajo consigo una avalancha de residuos de diversa índole que ahora cubren amplias áreas del parque. Entre los desechos encontrados destacan cañas, envases de plástico, electrodomésticos, neumáticos, muebles, medicamentos, un coche e incluso bombonas de butano. También se detectaron balas de plástico prensado provenientes de una planta cercana de tratamiento de residuos.Un informe elaborado por el Ayuntamiento de Valencia detalla que estos residuos afectan directamente a áreas consideradas &quot;prioritarias para la conservación&quot; por la Comisión Europea, ya que son hábitats de alimentación y nidificación para 25 especies de aves y 10 especies de fauna, entre las cuales tres están en peligro de extinción y siete son vulnerables.Además, los técnicos advierten de la presencia de residuos altamente tóxicos, como bidones de gasolina, aceites de motor, pintura y pesticidas, que podrían filtrarse al ecosistema acuático, generando un impacto aún más devastador.En respuesta al desastre, la Generalitat Valenciana ha anunciado la implementación de un sistema conocido como &quot;gemelo digital&quot;, una herramienta que recopilará datos clave para gestionar problemas ambientales y evaluar las políticas de conservación.El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, visitó la Albufera para supervisar las tareas de limpieza y confirmó que los trabajos actuales se centran en la retirada de restos arrastrados por la riada. En colaboración con las comunidades de regantes, como Riegos de Favara y la Acequia del Oro, ya se han eliminado 750 metros cúbicos de residuos. Sin embargo, el desafío sigue siendo enorme, ya que los restos acumulados abarcan unas 170.000 metros cuadrados en las orillas del lago, con una profundidad promedio de 0,5 metros, lo que equivale a un volumen aproximado de 85.000 metros cúbicos.<h3>Una inundación sin precedentes</h3>El informe del Servicio Devesa-Albufera describe esta DANA como un evento sin comparación en la historia del parque. La crecida del agua alcanzó un aumento de casi 100 centímetros respecto a las horas previas, con una entrada de 120 Hm³ (equivalente a 120.000 millones de litros) en menos de 24 horas. Este volumen supone entre un 50 y un 70% más de agua de la que entra en todo un año.Los términos municipales más afectados incluyen Alfafar, Catarroja y Massanassa, que suman unas tres hectáreas fuertemente castigadas por la inundación. El daño no se limita a los residuos: la riada también arrastró sedimentos y debilitó márgenes de canales, acequias y motas que separan el lago de los campos de arroz, pilares esenciales para la sostenibilidad agrícola de la zona.La restauración del parque no será sencilla ni económica. Según el informe técnico, se requerirán al menos 9,58 millones de euros para abordar los trabajos de recuperación, incluyendo la limpieza de residuos, la restauración de márgenes erosionados y la mitigación de los daños al ecosistema.El reto es mayúsculo, pero también lo es la necesidad de preservar este espacio natural único, que no solo es un refugio para la biodiversidad, sino también un emblema cultural y turístico de la Comunidad Valenciana. La tragedia de la Albufera pone de manifiesto la urgencia de actuar frente a los efectos del cambio climático, que amplifica la frecuencia y la intensidad de fenómenos como la DANA.Con la colaboración de las autoridades y la ciudadanía, el futuro de la Albufera de Valencia todavía puede escribirse desde la esperanza y la recuperación.

El peligro de la DANA semanas después: una catástrofe ambiental

En octubre, la Unión Europea registró un leve incremento generalizado en los precios, y España no fue la excepción. Sin embargo, el repunte del Índice de Precios al Consumo (IPC) en el país ibérico fue más moderado que en el resto del continente. Según los datos publicados por Eurostat este martes, la inflación interanual en España aumentó apenas una décima en comparación con septiembre, situándose en un 1,8%, un valor inferior al promedio de la eurozona y dentro del objetivo del Banco Central Europeo (BCE), que busca mantenerla cerca del 2%.En el conjunto de los países que utilizan el euro, la inflación interanual subió tres décimas en octubre, alcanzando el 2%. Este incremento, que rompió la desaceleración observada en agosto y septiembre, mantiene la inflación en niveles que no se veían desde mediados de 2021, antes de que se desatara la crisis inflacionaria.En España, la evolución del IPC ha seguido un comportamiento similar al de la eurozona en los últimos meses. En septiembre, ambas registraron una tasa interanual del 1,7%, pero en octubre, mientras la inflación española subió una décima, el promedio de los países supervisados por el BCE aumentó tres. Esto permitió que España tuviera, por primera vez en un año, una inflación por debajo de la media de la eurozona. En septiembre de 2022, la inflación española era del 3,3%, frente al 4,3% promedio de los países de la moneda única.<h3>Comparativa con el resto de Europa</h3>En octubre, el IPC de España también se situó por debajo del promedio de la Unión Europea, que se ubicó en un 2,3% tras subir dos décimas. De los 27 países miembros, 19 experimentaron un repunte en los precios, mientras que en seis el ritmo de crecimiento se mantuvo estable: Grecia, Chipre, Países Bajos, Austria, Polonia y Portugal. Solo en dos países, Lituania y Eslovenia, la inflación retrocedió, aunque esto no significa que los precios bajaran, sino que subieron a un ritmo más lento.Entre los países europeos, Eslovenia registró la inflación más baja con un 0%, seguida de Irlanda y Lituania, ambas con 0,1%. En el extremo opuesto, Rumanía lideró con una inflación interanual del 5%, seguida de Estonia (4,5%) y Bélgica (4,5%).Entre las principales economías de Europa, España es la segunda con mayor inflación, superada por Alemania, donde los precios aumentaron un 2,4% en el último año. Por su parte, Francia e Italia registraron incrementos más moderados, del 1,6% y 1%, respectivamente.El repunte inflacionario en octubre se debió, en parte, a una menor reducción en el coste de la energía, que se abarató un 4,6% interanual, menos que el descenso registrado en septiembre. En cambio, los alimentos frescos se encarecieron un 3%, frente al aumento del 1,6% observado el mes anterior. Si se excluyen del cálculo la energía, los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, la inflación subyacente permaneció estable en el 2,7% en la eurozona, mientras que en España fue del 2,5%, dos décimas menos que en septiembre.En el caso específico de los alimentos, la inflación en la eurozona subió seis décimas, alcanzando el 2%, el nivel más alto desde febrero. En España, estos productos básicos se encarecieron menos, con un aumento del 1,7% interanual, inferior al 2,4% de Italia y al 2,6% de Alemania. Algunos productos, como las verduras y los aceites, registraron los mayores incrementos en el país ibérico, con alzas del 3,4% y 3,2%, respectivamente. Otros, como el pan y la carne, tuvieron subidas más moderadas del 2%.A pesar del repunte en octubre, la inflación en la eurozona y en España se mantiene en niveles más controlados que los observados durante el pico de la crisis inflacionaria. Sin embargo, el alza en productos básicos como los alimentos plantea desafíos para los hogares, especialmente en un contexto donde el encarecimiento de la energía y otros bienes esenciales sigue afectando la economía familiar. El BCE seguirá vigilando de cerca estas cifras para tomar decisiones que mantengan la estabilidad económica en la región.

España se coloca por debajo de la media de la eurozona por la inflación

Bloque 1 Portada Element

Fragmento de código

Sidebar

Configuración básica del medio

Nombre del medio

Url base del dominio principal del medio

Colores

Color primario

Color secundario

Color tercero

Fuentes

Fuente primaria

Fuente secundaria

Logos

Logo principal

Logo negativo

Url de las fuentes

Fuente Google

Favicon

Favicon.ico

Favicon 48x48

Favicon 96x96

Favicon 144x144

Favicon svg

Android favicon 192x192

Android favicon 512x512

Apple favicon 180x180

Url manifest.json

Manifest.json

Google script

Google Tag Manager

Identidades del medio

Nombre del director

Gestor cambios de color

Cambios secundario

Color de texto de newsletter

Background newsletter

Color iconos

Color acento

Color cuarto

Medios relacionados

Revistas digitales

Estilos del medio

Estilo principal

Hero image

circo-moureze(1).jpg

El tesoro natural de la majestuosidad sin igual de Circo de Mourèze

michael-jackson(1).jpg

Un tesoro oculto: las cintas inéditas de Michael Jackson en un trastero abandonado

cancer-colorectal-50(1).jpg

Una gran preocupación: el cáncer colorrectal se dispara en adultos jóvenes

bolivia-elecciones(1).jpg

El escenario de las elecciones en Bolivia, el año más convulso

renault(2).jpg

El Renault 5 Turbo 3E llega con 500 CV y un diseño retro-futurista

cuaternario-extincion.jpg

La causa principal de la extinción de la megafauna al final de la última glaciación

La causa  de la extinción de la megafauna al final de la glaciación

prestamos-bitcoin(1).jpg

Las criptomonedas y los bancos: los préstamos respaldados por Bitcoin

ramen-receta-casa(1).jpg

La mejor receta de ramen en casa: paso a paso con ingredientes básicos

hipoteca-reclamar(1).jpg

El TJUE abre la puerta a anular hipotecas ligadas al IRPH

neymar-psg(1).jpg

Neymar revela los motivos de su salida del PSG y su experiencia en Al Hilal

Portada Principal

Encuentra toda la información y actualidad política y mantente al día con las últimas novedades

El Diario Político - La revista de actualidad política

Sidebar principal

Bloque 1 sidebar Portada

Tipo Imagen

El paquete de ayudas aprobado está diseñado para beneficiar a más de 100.000 hogares, 30.000 empresas y 400.000 trabajadores.

Opinión

El destino de Muface sigue siendo incierto, pero su desaparición podría traer cambios profundos al sistema sanitario español.

Política

Errejón habría adoptado "una actitud dominante", agarrándola fuertemente de la cintura y besándola de manera violenta.

España

Tanto las empresas como los sindicatos tendrán que renegociar los convenios colectivos y adaptar sus estructuras laborales a la nueva jornada de 37,5 horas semanales.

El abandono temprano se asocia con menores índices de crecimiento económico, menos ingresos fiscales y mayor desempleo.

Ordenar por campo

Orden de tipo

En noviembre de 2026 entrará en vigor el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) de las botellas de plástico.

El conflicto entre el Gobierno y Ecoembes por el sistema de envases retornables

El caso Koldo sigue siendo uno de los escándalos más polémicos en la política española, con Víctor de Aldama como figura central.

Cuando se produjo ese encuentro entre García Ortiz y Sánchez Conde hacía horas que la UCO había copiado íntegramente el contenido de dicho teléfono.

Uno de los testigos clave, Marc Simón, subdirector de la Fundación La Caixa, organización que patrocinaba una de las cátedras, presentó al juez una memoria.

El Parque Natural de la Albufera de Valencia, uno de los ecosistemas más valiosos de España, se encuentra gravemente afectado tras la catastrófica DANA.

El peligro de la DANA semanas después: una catástrofe ambiental sin precedentes

Digital Salud

Una gran preocupación: el cáncer colorrectal se dispara en adultos jóvenes

De camino

El tesoro natural de la majestuosidad sin igual de Circo de Mourèze

El diario politico internacional

El escenario de las elecciones en Bolivia, el año más convulso

El digital motor

El Renault 5 Turbo 3E llega con 500 CV y un diseño retro-futurista

El digital tecnologia

La causa principal de la extinción de la megafauna al final de la última glaciación

Invertir en criptomonedas

Las criptomonedas y los bancos: los préstamos respaldados por Bitcoin

Los fogones

La mejor receta de ramen en casa: paso a paso con ingredientes básicos

Los negocios

El TJUE abre la puerta a anular hipotecas ligadas al IRPH

Mundo deportes

Neymar revela los motivos de su salida del PSG y su experiencia en Al Hilal

Digital Corazon

Un tesoro oculto: las cintas inéditas de Michael Jackson en un trastero abandonado