El Gobierno lo tiene claro. Repartirá a las comunidades autónomas casi 300 millones de euros para formar a más de cinco millones de alumnos de todo el país en robótica, programación y nuevas tecnologías. La partida forma parte del Programa Código Escuela 4.0 que dio luz verde a una inversión de más de 566 millones para &quot;mejorar la calidad y la equidad&quot; del sistema educativo.  Así, de esos más de 500 millones, 298,4 irán al programa Código Escuela 4.0 de formación digital del alumnado del segundo ciclo de Infantil, de Educación Primaria y ESO de los colegios públicos y concertados españoles. Otra parte, concretamente 199 millones, se destinará a equipar de programación y robótica a más de 17.000 colegios; mientras que otros 99,4 millones se enfocarán al profesorado y a la contratación de &quot;asistentes técnicos&quot; con perfiles tecnológicos y pedagógicos que apoyen a los docentes a la hora de enseñar estos contenidos hasta que ellos mismos estén lo suficientemente formados como para impartir formación digital sin ayuda. Se une a los 30 millones de euros destinados ya el año pasado a formación del profesorado en este ámbito, y precede a los 65 millones que el Ejecutivo distribuirá en 2024 para el acompañamiento de los docentes. Se trata, según indicó la titular de Educación, Pilar Alegría, en rueda de prensa un acuerdo &quot;completamente extraordinario&quot; que busca que, desde los tres años, los estudiantes del país &quot;entiendan y comprendan el lenguaje de nuestras máquinas&quot;.  A petición del Ministerio de Educación, el Consejo de Ministros también aprobó una inversión de 173 millones de euros para apoyar a las familias y al alumnado &quot;con dificultades&quot;. Se repartirá, por un lado, 118 millones de euros que corresponden al programa PROA+, el Programa para la Orientación, Avanza y Enriquecimiento Educativo que está dirigido a mejorar los resultados educativos y prevenir el abandono escolar en centros sostenidos con fondos públicos que cuentan con un porcentaje significativo de alumnado con dificultades educativas.  Los 55 millones restantes de esa inversión de 173 millones de apoyo a las familias se gestionarán a través de Unidades de Acompañamiento. El objetivo del Gobierno es abordar de manera &quot;directa&quot; y &quot;personalizada&quot; con aquellos estudiantes que estén en riesgo de abandonar los estudios antes de tiempo, para apoyarles en su trayectoria educativa, desde Primaria, hasta el final de la ESO o Bachillerato.

De esos más de 500 millones, 298,4 irán al programa Código Escuela 4.0 de formación digital del alumnado del segundo ciclo de Infantil, de Educación Primaria y ESO de los colegios públicos y concertados.


El Gobierno repartirá a las comunidades autónomas casi 300 millones de euros. (Foto: Envato)

300 millones de euros en enseñar y estudiar robótica y programación

300 millones de euros en enseñar y estudiar robótica y programación


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Si te interesa comprender el futuro de la amnistía en España, debes saber que todo pende de un hilo: las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Didier Reynders, el comisario de Justicia de la Unión Europea, ha hecho una afirmación clave que podría cambiar el panorama político y legal: la ley de amnistía quedará suspendida hasta que el TJUE resuelva las cuestiones prejudiciales que se le han presentado. Este anuncio tiene amplias repercusiones, y aquí te explicamos qué significa exactamente.<h2 style="text-align: justify; line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 6.0pt 0cm;">¿Qué implica la suspensión de la amnistía?</h2>El proceso de amnistía no es simplemente un botón que se presiona para borrar errores pasados; es una medida legal compleja que afecta a muchas personas y procedimientos judiciales en curso. Según Reynders, la suspensión de esta ley significa que todas las acciones relacionadas con la amnistía deberán pausarse. No se ejecutará ninguna medida prevista en esta ley hasta que el TJUE ofrezca claridad sobre su conformidad con el derecho europeo. Esta decisión asegura que las normas europeas prevalecen y que se mantiene la integridad del marco legal de la Unión Europea.<h2 style="text-align: justify; line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 6.0pt 0cm;">El papel del TJUE en la regulación europea</h2>El TJUE no solo es un tribunal más; es el guardián de la legalidad en la Unión Europea. Su función es crucial para garantizar que las leyes nacionales no contradigan el amplio conjunto de normativas y directrices europeas. Al resolver las cuestiones prejudiciales, el TJUE asegura que la legislación española en materia de amnistía esté en línea con los estándares europeos. Este nivel de supervisión es fundamental para la cohesión legal entre los estados miembros.<h2 style="text-align: justify; line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 6.0pt 0cm;">Impacto en casos individuales y tiempos de espera</h2>La decisión del TJUE no solo es una cuestión de altos principios legales; tiene consecuencias muy reales para personas específicas. Por ejemplo, figuras políticas como Carles Puigdemont, que podrían haberse beneficiado de la amnistía, ahora deben esperar potencialmente hasta un año y medio más, según las estimaciones. Este tiempo de espera se debe a la necesidad de revisar profundamente cada aspecto de la ley para asegurarse de que no se infringen los derechos bajo el marco legal europeo.<h2 style="text-align: justify; line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 6.0pt 0cm;">Repercusiones de alinear legislaciones nacionales y europeas</h2>Finalmente, es esencial entender la importancia de que las leyes nacionales, como la ley de amnistía española, se alineen con las regulaciones de la Unión Europea. Este alineamiento no solo es necesario por requisitos legales, sino también para mantener un orden y una justicia uniformes en todos los países miembros. La intervención del TJUE en casos como este no solo resuelve un asunto legal puntual, sino que también reafirma el principio de que las directrices europeas tienen primacía sobre las legislaciones nacionales en conflicto.Este escenario pone de manifiesto el intrincado entrelazado de la legislación nacional con la supranacional y subraya la complejidad de implementar leyes que afectan a múltiples jurisdicciones. Al seguir este proceso, no solo te mantienes informado sobre los desarrollos legales que pueden afectar a Cataluña y a toda España, sino que también comprendes mejor cómo las decisiones de alta instancia como las del TJUE modelan la política y la sociedad en la Unión Europea.

Si te interesa comprender el futuro de la amnistía en España, debes saber que todo pende de un hilo: las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

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Si te interesa comprender el futuro de la amnistía en España, debes saber que todo pende de un hilo: las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 
Didier Reynders, el comisario de Justicia de la Unión Europea, ha hecho una afirmación clave que podría cambiar el panorama político y legal: la ley de amnistía quedará suspendida hasta que el TJUE resuelva las cuestiones prejudiciales que se le han presentado. Este anuncio tiene amplias repercusiones, y aquí te explicamos qué significa exactamente.

España

El futuro de la amnistía depende del TJUE, afirma Reynders

Como observador directo de la gestión en entidades públicas, he notado que Concepción Cascajosa, la presidenta interina de RTVE, ha tomado la decisión de posponer la votación sobre el contrato de Broncano. Esta acción marca un momento crucial en la administración de la entidad, reflejando no solo un dilema administrativo sino también profundas incertidumbres jurídicas y la falta de un apoyo mayoritario esencial para aprobar iniciativas de esta envergadura. Personalmente, considero que la ausencia de Elena Sánchez y la abstención del consejero José Manuel Martín Medem complicaron significativamente la consecución de los votos necesarios.<h2 style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 6.0pt 0cm;">El contrato de Broncano: un dilema legal y político</h2>Desde mi punto de vista, el intento de renovar el enfoque de RTVE para captar un público más joven y dinámico, y que llevó a la propuesta de contratación del humorista David Broncano, destaca las complejidades de ajustar la misión de una corporación pública a las tendencias de entretenimiento actuales. La falta de un consenso claro y las dudas sobre los requisitos legales para una votación exitosa han puesto todo en pausa, un desarrollo que me ha llevado a reflexionar sobre la fragilidad de la toma de decisiones en el seno de entidades regidas por dinámicas políticas complejas.<h2 style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 6.0pt 0cm;">Implicaciones legales de la votación pospuesta</h2>En mi experiencia, la legalidad del proceso de votación es tan crucial como la decisión misma. El estatuto de RTVE requiere claridad en estas circunstancias, algo que, en este caso, no se aseguró a tiempo. Esta falta de garantías jurídicas, sumada a un posible empate sin la delegación del voto de Sánchez, llevó a la decisión de suspender la sesión para evitar una impugnación que podría agravar la situación, una medida prudente desde cualquier perspectiva administrativa.<h2 style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 6.0pt 0cm;">Las divisiones internas y su impacto en RTVE</h2>Observando de cerca, he podido ver cómo las divisiones dentro del consejo de administración de RTVE han revelado una lucha de poder que puede influir negativamente en la estabilidad y la dirección futura de la corporación. Estos conflictos internos, junto con maniobras políticas y cambios de última hora, complican cualquier intento de realizar proyectos significativos, como el propuesto para Broncano.<h2 style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 6.0pt 0cm;">¿Qué sigue para la estrategia de contenidos de RTVE?</h2>Mirando hacia el futuro y preguntándome qué camino tomará RTVE para captar esa ansiada audiencia joven, veo que las negociaciones sobre la duración del contrato de Broncano y las condiciones de cancelación presentan importantes desafíos. Aunque el contrato tiene el potencial de revitalizar la oferta de contenido de RTVE, la incertidumbre sobre su viabilidad y aceptación sigue en el aire, algo que, como profesional del sector, sigo con gran interés.Reflexionando sobre los recientes acontecimientos en RTVE y la postergación de la votación sobre el contrato de Broncano, es evidente que las decisiones en entidades públicas están intrínsecamente ligadas a complejidades legales y políticas.Este caso resalta la importancia de tener una base sólida de apoyo y claridad legal antes de tomar decisiones que podrían tener un impacto significativo en la programación y la estrategia de contenido. <span style="font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-language: ES-TRAD; mso-bidi-language: AR-SA;">El futuro de RTVE y su capacidad para innovar y atraer a una audiencia joven depende enormemente de cómo se manejen estos desafíos.

La presidenta interina de RTVE, ha tomado la decisión de posponer la votación sobre el contrato de Broncano

Como observador directo de la gestión en entidades públicas, he notado que Concepción Cascajosa, la presidenta interina de RTVE, ha tomado la decisión de posponer la votación sobre el contrato de Broncano. 
Esta acción marca un momento crucial en la administración de la entidad, reflejando no solo un dilema administrativo sino también profundas incertidumbres jurídicas y la falta de un apoyo mayoritario esencial para aprobar iniciativas de esta envergadura.

Opinión

Cascajosa pospone votación de Broncano en RTVE

En Andalucía, el salto directo del ex gerente de la sanidad andaluza, Miguel Ángel Guzmán, a la aseguradora Asisa ha causado un gran revuelo. Este movimiento se produjo justo después de su dimisión en un contexto de crisis por las listas de espera en el sistema de salud. La ley de incompatibilidades andaluza, que restringe a los ex altos cargos ejercer en el sector privado relacionado con su trabajo anterior durante dos años, está en el centro de la controversia.La rapidez de esta transición ha levantado sospechas y generado múltiples interrogantes sobre la ética y la legalidad del proceso. El Gobierno de Andalucía, a través de su portavoz, expresó su sorpresa y comenzó a investigar el caso para determinar si existen violaciones a la normativa vigente. Esta situación pone de relieve la importancia de la transparencia y la integridad en la gestión pública.<h2 style="text-align: justify; line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 6.0pt 0cm;">Controversia tras la dimisión del ex gerente de la sanidad andaluza</h2>Tras una crisis marcada por largas listas de espera, el exviceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, dejó su cargo en la Junta de Andalucía y rápidamente se unió a Asisa. Este paso ha encendido alarmas sobre la legalidad de su acción bajo la ley de incompatibilidades andaluza. Esta norma prohíbe a ex altos cargos trabajar en el sector privado en áreas relacionadas con su anterior empleo público durante dos años.<h2 style="text-align: justify; line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 6.0pt 0cm;">Investigación abierta por contratos y posible incompatibilidad</h2>No solo tú te has preguntado sobre la legalidad de este fichaje. La Consejería de Justicia de Andalucía ha iniciado una investigación para verificar si Guzmán incumplió la ley al aceptar su nuevo puesto en Asisa. Resulta que durante su gestión se aprobaron contratos directos hacia Asisa por más de 43 millones de euros, bajo condiciones que la pandemia justificaba, pero que ahora se revisan minuciosamente.<h2 style="text-align: justify; line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 6.0pt 0cm;">Impacto en la acreditación de hospitales y ética pública</h2>Este asunto va más allá de un simple cambio de trabajo. Durante el mandato de Guzmán, dos hospitales gestionados por el grupo hospitalario de Asisa obtuvieron la acreditación como hospitales universitarios, algo sin precedentes para instituciones privadas en Andalucía. Este logro ha provocado un debate sobre la ética de sus decisiones y la legitimidad de estas acreditaciones.<h2 style="text-align: justify; line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 6.0pt 0cm;">Futuro y consecuencias para la sanidad en Andalucía</h2>¿Qué pasará ahora? La Junta de Andalucía sigue recopilando información para tomar decisiones informadas. Este caso no solo afecta la carrera de Guzmán, sino que también puede repercutir en la política de contrataciones públicas y la gestión de la sanidad en Andalucía. La integridad y la transparencia son clave en la administración pública, y este escándalo pone a prueba ambos principios en un momento crítico.Este caso está lejos de cerrarse y tú, como seguidor de la política nacional, debes mantener los ojos abiertos a las actualizaciones. Las acciones de Guzmán y las investigaciones en curso pueden sentar precedentes importantes para cómo se manejan las incompatibilidades y la ética en la administración pública española. Mantente informado y pregunta siempre: ¿quién se beneficia?

En Andalucía, el salto directo del ex gerente de la sanidad andaluza, Miguel Ángel Guzmán, a la aseguradora Asisa ha causado un gran revuelo

En Andalucía, el salto directo del ex gerente de la sanidad andaluza, Miguel Ángel Guzmán, a la aseguradora Asisa ha causado un gran revuelo. 
Este movimiento se produjo justo después de su dimisión en un contexto de crisis por las listas de espera en el sistema de salud. La ley de incompatibilidades andaluza, que restringe a los ex altos cargos ejercer en el sector privado relacionado con su trabajo anterior durante dos años, está en el centro de la controversia.

Escándalo en Andalucía: de la Junta a la aseguradora sin pausa

El Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados ha sido siempre un concepto que, quizás, te suene algo lejano o complejo. Sin embargo, su papel es fundamental en el equilibrio y la dinámica de nuestra política nacional. Este año, la trama se complica con la entrada de José Luis Ábalos, exministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, cuya llegada al Grupo Mixto no solo aumenta el número de sus integrantes a ocho, sino que también marca un antes y un después para el PSOE. Introducción al Grupo Mixto: Un mosaico parlamentario El Grupo Mixto es un conjunto diverso de diputados que, por distintas razones, no encajan en los grupos parlamentarios más grandes. Si te preguntas qué significa esto, imagínalo como un mosaico de ideas y posiciones políticas que van desde la izquierda hasta la derecha, pasando por nacionalismos y regionalismos. Este grupo acoge a aquellos con menos escaños o votos, que no alcanzan para formar un grupo propio según el reglamento del Congreso. José Luis Ábalos en el Grupo Mixto: Un cambio significativo La incorporación de Ábalos al Grupo Mixto tras su vinculación con el caso de corrupción &quot;caso Koldo&quot; y el ultimátum de su partido supone un giro en su carrera política. Lejos de renunciar, Ábalos decide mantener su escaño y defender su honor. Ahora, se encuentra en un entorno políticamente heterogéneo, con compañeros de Podemos, UPN, BNG y Coalición Canaria, entre otros. Esta decisión no solo refleja su compromiso personal de luchar &quot;hasta las últimas consecuencias&quot;, sino que también plantea interrogantes sobre cómo alineará sus votos, especialmente en temas cruciales como la Ley de Amnistía. Consecuencias para el PSOE: Nuevos desafíos y estrategias La salida de Ábalos del PSOE y su entrada en el Grupo Mixto reduce los diputados socialistas a 120, lo cual podría repercutir en la dinámica de votaciones y tiempos de intervención en el Congreso. Este movimiento no solo evidencia las tensiones internas y desafíos estratégicos dentro del PSOE, sino que también plantea la pregunta de cómo gestionará el partido esta nueva configuración parlamentaria. La fidelidad de Ábalos a las iniciativas del PSOE, a pesar de su nueva posición, sigue siendo una incógnita. Perspectivas futuras: El papel renovado de los diputados minoritarios Con Ábalos ahora en sus filas, el Grupo Mixto refleja una diversidad política aún mayor. Esta situación, aunque compleja, ofrece una oportunidad única para que los diputados minoritarios tramiten iniciativas y participen activamente en los debates parlamentarios. A pesar de las limitaciones, el grupo disfruta de oportunidades similares de intervención en comparación con los grupos más grandes, permitiendo a sus miembros influir en la legislatura actual. La llegada de Ábalos, por tanto, no solo añade a la complejidad, sino que también subraya la importancia de la negociación y el consenso dentro del Congreso. Este escenario, marcado por la diversidad y la heterogeneidad del Grupo Mixto, ilustra las complejidades de nuestra política parlamentaria. La decisión de Ábalos de unirse a este grupo, manteniendo su escaño y defendiendo su honorabilidad, refleja las dinámicas internas y los desafíos que enfrenta el panorama político español. Así, el Grupo Mixto se posiciona como un actor crucial en la legislatura actual, evidenciando que incluso los miembros minoritarios pueden tener un impacto significativo en el devenir político del país.

El Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados ha sido siempre un concepto que, quizás, te suene algo lejano o complejo. 
Sin embargo, su papel es fundamental en el equilibrio y la dinámica de nuestra política nacional. Este año, la trama se complica con la entrada de José Luis Ábalos, exministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, cuya llegada al Grupo Mixto no solo aumenta el número de sus integrantes a ocho, sino que también marca un antes y un después para el PSOE.

¿Qué representa el Grupo Mixto en el Congreso y sus miembros con Ábalos?

En el epicentro de una polémica que ha sacudido al ámbito político español se encuentra el caso Koldo, una investigación que destapa una red de corrupción vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. Este artículo profundiza en los entresijos del caso Koldo, explorando desde sus protagonistas hasta las consecuencias que ha tenido para el gobierno del PSOE, ofreciendo una mirada exhaustiva a uno de los escándalos más sonados de los últimos tiempos. Desentrañando el caso Koldo: inicio, implicados y acusaciones El inicio de esta historia te lleva a Koldo García Izaguirre, un exasesor en el ministerio de Transportes, y a un entramado que incluye a familiares y empresarios. Juntos, enfrentan acusaciones de cobro de comisiones ilegales en contratos de mascarillas. La investigación, apodada Operación Delorme, ha destapado una operativa que raya la ilegalidad, con contratos millonarios bajo la lupa. La trama se complica al descubrir que detrás de estos contratos se esconde una compleja red de influencias y acuerdos bajo la mesa, que no solo involucra a Koldo y su círculo cercano, sino que también salpica a diversas entidades gubernamentales. Estas revelaciones han puesto en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de control y la facilidad con la que se pueden torcer los mecanismos de adjudicación en tiempos de crisis, provocando una ola de indignación pública y poniendo en jaque la credibilidad de las instituciones implicadas. La empresa en el ojo del huracán: operaciones y contratos cuestionables Central en este escándalo está la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas S.L., vinculada a García. Esta compañía, señalada por ventas fraudulentas, ha manejado operaciones que ascienden a más de 53 millones de euros. Decisiones cuestionables, como la aceptación de lotes defectuosos de mascarillas en Canarias, ponen en duda la gestión y control de contratos públicos. Repercusiones en el tablero político: el PSOE y la gestión de la crisis Este caso ha generado un terremoto político, con críticas hacia el gobierno de Pedro Sánchez y llamados a la transparencia desde diversos sectores. La posición del PSOE, tratando de distanciarse de García y enfatizando su no afiliación actual al partido, busca minimizar el impacto. Sin embargo, las voces críticas, incluyendo la del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exigen explicaciones detalladas y asunción de responsabilidades. Entre la justicia y la opinión pública: futuro del caso y conclusiones preliminares La justicia sigue su curso, con la esperanza de arrojar luz sobre la extensión completa de esta trama. Las repercusiones políticas son palpables, afectando la percepción pública del PSOE y del gobierno de Sánchez. Este caso se perfila como un claro ejemplo de los retos que enfrenta España en materia de integridad y transparencia en la administración pública. Este análisis, dirigido a ti que buscas entender las implicaciones de la corrupción en la política española, te muestra cómo el caso Koldo trasciende el simple acto de comprar mascarillas. Revela las complejidades de la gestión gubernamental, la ética en el ejercicio del poder y el clamor ciudadano por una política limpia y transparente. La evolución de este caso seguirá siendo un tema de seguimiento obligado para quienes, como tú, exigen responsabilidad y claridad en la gestión pública.

En el epicentro de una polémica que ha sacudido al ámbito político español se encuentra el caso Koldo, una investigación que destapa una red de corrupción vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.

La trama del caso Koldo: corrupción en la compra de mascarillas

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En el corazón de la política española, Podemos se enfrenta a una encrucijada crucial. La ley de hierro de la oligarquía, un principio que predice la concentración del poder en unas pocas manos, amenaza con remodelar el futuro del partido. Este artículo explora cómo las dinámicas internas y los desafíos actuales podrían determinar el destino de Podemos en el complejo escenario político de España. Podemos ante el espejo de la oligarquía interna Desde su fundación, Podemos prometió romper con la vieja política. Sin embargo, parece que la ley de hierro de la oligarquía, ese principio que asegura que el poder en cualquier organización acaba en manos de unos pocos, le está pasando factura. Esta teoría, propuesta por Robert Michels hace más de un siglo, explica cómo incluso las entidades más democráticas pueden oligarquizarse. En el caso de Podemos, esta concentración de poder está generando tensiones palpables. La aplicación de esta ley en Podemos se ha evidenciado en la formación de una cúpula dirigente que, pese a los ideales iniciales de horizontalidad y participación colectiva, ha acabado por centralizar las decisiones y estrategias. Este fenómeno no solo ha llevado a un distanciamiento de la base militante, sino que también ha provocado un aumento de las disputas internas. A medida que el partido se enfrenta a estos desafíos, la pregunta que surge es si podrá reinventarse para evitar el destino que la ley de hierro de la oligarquía parece augurarle. Pugnas internas: El talón de Aquiles de la formación morada Las disidencias internas no son algo nuevo en Podemos, pero su gestión ha sido particularmente problemática. Según Juan Carlos Monedero, cofundador del partido, la incapacidad para manejar estas disidencias está en el corazón del declive de Podemos. Estas luchas, a menudo personales más que ideológicas, reflejan una tendencia hacia la &quot;vieja política&quot; y alejan al partido de sus principios fundacionales de democracia y participación igualitaria. Renovación o estancamiento: La encrucijada de Podemos La elección de Irene Montero como candidata para las elecciones europeas ha encendido el debate sobre la necesidad de renovación dentro del partido. Monedero defiende la idea de apostar por caras nuevas, como Ione Belarra, argumentando que la juventud, inteligencia y respeto internacional de Belarra podrían aportar aire fresco a la formación. Esta situación pone a Podemos en una encrucijada crítica: seguir apostando por los mismos líderes o dar paso a nuevas voces que puedan reconectar con la base. El futuro de Podemos en el tablero político español El camino a seguir para Podemos está lleno de desafíos. La ley de hierro de la oligarquía, las pugnas internas y la necesidad de renovación dibujan un panorama complejo. La formación de un Frente Amplio, basado en la confianza y la democracia interna, podría ser una salida. Sin embargo, la falta de autocrítica y la persistencia de viejas prácticas amenazan con profundizar las divisiones internas. La capacidad de Podemos para superar estos obstáculos determinará su lugar en el futuro político de España, en un momento en que la unidad y la adaptación no son solo deseables, sino necesarias. En este contexto, tú, como seguidor de la política española, ¿cómo ves el futuro de Podemos? La capacidad del partido para evolucionar y abrazar verdaderamente los principios de democracia interna y participación podría marcar la diferencia entre su supervivencia o su desaparición en el complicado tablero político de nuestro país.

En el corazón de la política española, Podemos se enfrenta a una encrucijada crucial. La ley de hierro de la oligarquía, un principio que predice la concentración del poder en unas pocas manos, amenaza con remodelar el futuro del partido. 
Este artículo explora cómo las dinámicas internas y los desafíos actuales podrían determinar el destino de Podemos en el complejo escenario político de España.

La ley de hierro de la oligarquía puede acabar con Podemos

Después de intensas negociaciones, Junts y PSOE han llegado a un acuerdo sobre la amnistía que allanó el camino para la investidura de Pedro Sánchez. La firma de este pacto finalmente revela las concesiones de los socialistas a los independentistas. Además de la ley que anula los delitos cometidos durante el procés y el referéndum ilegal del 1-O, el acuerdo contempla la presencia de un verificador internacional para &quot;seguir todo el proceso de negociación y los acuerdos&quot;, así como la apertura de un debate sobre el referéndum. El pacto también establece que el perdón abarque los casos de lawfare, una de las demandas de Puigdemont, tanto para protegerse a sí mismo como a sus colaboradores. La inclusión de este concepto en el texto del acuerdo, abriendo la posibilidad de exigir &quot;responsabilidades&quot; a los jueces que aplicaron la ley en el procés, ha generado preocupación en el Poder Judicial. Jueces y fiscales advierten que es &quot;puro chavismo, el fin de la independencia judicial&quot;. ¿Qué significa lawfare y cuál es su origen? La palabra lawfare está compuesta por law (ley) y warfare (guerra). Originariamente, surgió en el ámbito militar para describir un método de guerra asimétrica no convencional en el cual la ley se utiliza como un medio para alcanzar un objetivo militar, según la Fundación del Español Urgente. Sin embargo, la definición actual de lawfare es el &quot;uso de acciones legales para causar problemas a un oponente&quot;, según el Cambridge English Dictionary. El diccionario de Oxford precisa que el término se refiere a &quot;acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo&quot;. Aunque se traduce como &quot;guerra jurídica&quot;, desde la Fundéu proponen otras expresiones, como &quot;persecución judicial&quot;, &quot;instrumentalización de la Justicia&quot; o &quot;judicialización de la política&quot;. El término lawfare comenzó a usarse en el ámbito legal en Estados Unidos a partir de la década de los 50, inicialmente para señalar una variedad de cuestiones administrativas. Bobby Chesney, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, señala que fue en 1999 cuando el libro de estrategia militar &quot;Guerra sin restricciones&quot; (Unrestricted Warfare) utilizó el término lawfare para referirse al &quot;uso por parte de una nación de instituciones internacionales legalizadas para lograr fines estratégicos&quot;. En 2001, el general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Charles Dunlap definió el concepto como &quot;la estrategia de usar la ley como sustituto para que los medios militares tradicionales logren un objetivo operacional&quot;. El término lawfare fue ampliamente utilizado en América Latina a principios del siglo XXI para explicar casos judiciales como los de los expresidentes de Brasil Dilma Rousseff y Lula da Silva, así como las acusaciones de corrupción contra la argentina Cristina Fernández de Kirchner o el ecuatoriano Rafael Correa. Con el tiempo, la izquierda ha redefinido el concepto de lawfare o guerra jurídica en español para denunciar el acoso y derribo a miembros de un gobierno o de la oposición a través de los tribunales, dando una apariencia de legalidad a una operación oscura. Como ejemplo de esto, está el caso de Pablo Iglesias, quien en 2021 respaldó la teoría de la conspiración y del lawfare contra Podemos por parte de jueces, policías, medios de comunicación y militares. Lo calificó como &quot;el nuevo golpismo&quot;. En este sentido, Carles Puigdemont ofreció otra explicación del concepto moderno de lawfare en la red social X (antigua Twitter): &quot;El uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial&quot;. El acuerdo alcanzado por PSOE y Junts lo refleja de la siguiente manera: &quot;Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas&quot;.

El acuerdo también estipula que la amnistía cubrirá los casos de lawfare, una de las demandas de Puigdemont, con el propósito de proteger tanto al expresidente como a sus colaboradores.

LAS CLAVES

El acuerdo también estipula que la amnistía cubrirá los casos de lawfare, una de las demandas de Puigdemont, con el propósito de proteger tanto al expresidente como a sus colaboradores.


Sánchez presidente, qué es el Lawfare y las exigencias de Puigdemont


Después de que Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, anunciara las fechas de la investidura de Pedro Sánchez, el PSOE y sus partidarios en la investidura presentaron en la Cámara Baja una propuesta de ley de amnistía para su proceso parlamentario. El texto de la amnistía, que se tramitará de manera urgente, abarcará a los líderes del procés, incluido Carles Puigdemont. El expresidente de la Generalitat de Cataluña, quien estuvo al frente desde 2016 hasta su destitución en 2017 en virtud del artículo 155 de la Constitución, fue uno de los impulsores clave de los eventos del procés y ahora se beneficiará de esta medida. Según el documento del proyecto de ley, se archivarán las causas penales en su contra, se suspenderá la orden de busca y captura y se eximirá de cualquier responsabilidad derivada de su participación en el procés. Con la extinción de estas responsabilidades y el cierre de los casos en su contra, Carles Puigdemont se convertirá en un ciudadano común sin órdenes de busca y captura ni asuntos pendientes con la justicia. ¿Esto implica que podría regresar a España? ¿Cuándo podría regresar Puigdemont a España? Según la ley de amnistía, Puigdemont tendría la posibilidad de regresar a España como cualquier ciudadano más. Sería su primer regreso al país desde que se trasladó a Bélgica en 2017 para evitar su detención por su papel en el procés, una causa que se extinguiría con la amnistía. El documento del proyecto de ley detalla que el proceso de tramitación de la ley de amnistía será urgente, con un &quot;plazo máximo de dos meses&quot;. La fecha potencial para el regreso de Puigdemont sería posterior a la publicación en el Boletín Oficial del Estado del texto final de la ley de amnistía, una vez que la norma haya pasado por el Congreso y el Senado, sea aprobada por el Gobierno y firmada por el rey Felipe VI.

El que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña entre 2016 hasta su destitución en virtud del artículo 155 de la Constitución en 2017, fue una de las autoridades políticas que impulsaron los hechos del procés.

DE FORMA URGENTE

El que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña entre 2016 hasta su destitución en virtud del artículo 155 de la Constitución en 2017, fue una de las autoridades políticas que impulsaron los hechos del procés.


¿Cuándo podrá volver a España Puigdemont tras la ley de amnistía?


El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha registrado un cambio en la intención de voto en medio de las negociaciones entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, que incluye la propuesta de amnistía para los encausados por el procés. El desgaste de los socialistas es evidente en el barómetro de noviembre, donde se observa un aumento del Partido Popular (PP) de casi dos puntos, situándose como la principal fuerza en intención de voto. Si las elecciones generales se celebraran hoy, el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, obtendría un 33,9% de los votos, un incremento de 1,7 puntos porcentuales desde el barómetro de octubre. En contraste, el PSOE, liderado por Pedro Sánchez, experimenta una disminución de 1,3 puntos, ubicándose en el segundo lugar con un 31,3% de intención de voto, según el informe dirigido por José Félix Tezanos. La tercera posición es para Sumar, que registra un 11,8%, perdiendo un punto en un mes, y la cuarta para Vox, que se mantiene en el 10%. La encuesta se basa en 4.090 entrevistas realizadas en los primeros seis días de noviembre, durante las negociaciones del PSOE con el fugado Carles Puigdemont y el acuerdo del ministro Félix Bolaños con ERC, que incluye la amnistía para los encausados independentistas desde 2012 y la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña. El PP destaca en noviembre con un 33,9%, su mejor dato de los últimos años, superando el 33% con el que ganó las elecciones generales en julio. En cambio, el PSOE baja 1,3 puntos de octubre a noviembre, obteniendo una estimación de voto del 31,2%, peor que su resultado electoral de julio. Esta brecha de 2,6 puntos coloca a los socialistas por debajo del PP. El partido de Feijóo es también el que cuenta con el mayor porcentaje de votantes decididos, con un 26,8% de entrevistados que afirman votar al PP si las elecciones fueran mañana, frente al 24% que expresan su apoyo al PSOE. Feijóo se convierte en el líder político mejor valorado, con una puntuación media de 4,45 puntos, superando a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que pierden dos décimas y obtienen 4,31 y 4,29 puntos, respectivamente. No obstante, el secretario general del PSOE sigue siendo el preferido para presidir el Gobierno, mencionado por el 27,7% de los encuestados, frente al 21% que menciona a Feijóo. Yolanda Díaz queda muy atrás, ahora en el 6,6%, en comparación con los dos dígitos de hace meses. El CIS mantiene a la coalición Sumar en la tercera posición con una estimación de voto del 11,8%, aunque pierde casi un punto en el último mes. Vox repite en la cuarta posición con un 10%, un porcentaje similar al mes anterior y 2,4 puntos por debajo de su resultado de las elecciones generales de julio. Esta evolución de los bloques lleva a que, por primera vez desde julio de 2022, la suma de PP y Vox supere a la de los partidos del Gobierno de coalición, con un 43,9%, frente al 43,1% de PSOE y Sumar. Respecto a los partidos de ámbito territorial, tanto ERC como Junts repiten sus datos del mes anterior, con un 1,9% y 1,4%, respectivamente, mientras que Bildu sube cuatro décimas hasta el 1,3%, y el PNV se mantiene en un 0,9%.

Los de Alberto Núñez Feijóo obtendrían un 33,9% de los sufragios si hoy se celebraran elecciones generales, 1,7 puntos porcentuales más que en el barómetro de octubre.

EL PP PRIMERO

Los de Alberto Núñez Feijóo obtendrían un 33,9% de los sufragios si hoy se celebraran elecciones generales, 1,7 puntos porcentuales más que en el barómetro de octubre.


El CIS de Tezanos confirma el desgaste del PSOE por la amnistía


A lo largo de 2023, España ha experimentado un aumento significativo en la litigiosidad, lo cual ya venía ocurriendo en años anteriores. Datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revelan un incremento en el número de casos presentados en los tribunales y juzgados del país, acompañado por una disminución en la resolución de casos, en parte debido a las huelgas en la primera mitad del año. Esta situación ha llevado a los tribunales a una situación de asfixia extrema que difícilmente se resolverá hasta que se forme un nuevo Gobierno. La tasa de litigiosidad, que mide la cantidad de casos presentados por cada 1,000 habitantes, ha aumentado de 116.5 en 2020 a 140.8 en 2022. Según el magistrado y miembro del comité nacional de la Asociación Judicial Francisco Vitoria, Sergio Oliva, se espera que la tasa alcance entre 143 y 149 a finales de 2023. Según datos del CGPJ, en el segundo trimestre de 2023, se registraron un total de 1,816,522 casos en los órganos judiciales, lo que representa un aumento del 7.7% en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que se resolvieron un 4.7% menos. Desde 2017, con la excepción de 2021, la cantidad de casos presentados en los juzgados siempre ha superado a los resueltos, lo que ha llevado a la acumulación de trabajo pendiente con el tiempo. En 2022, se resolvieron 225,046 casos menos de los que se presentaron, según datos del CGPJ. Sergio Oliva menciona que el CGPJ nunca ha establecido una carga de trabajo específica para los jueces, pero considera razonable que en la jurisdicción social un juez debería resolver al menos 800 casos al año. Sin embargo, actualmente, esos 800 casos generalmente se agotan en septiembre, lo que significa que todo el trabajo realizado de septiembre a diciembre es un esfuerzo adicional. Esta situación tiene un impacto negativo en dos aspectos: afecta a los ciudadanos que no pueden obtener una solución oportuna y también tiene repercusiones en la salud laboral de los profesionales de la Administración de Justicia, incluyendo jueces, abogados y funcionarios. Según Ernesto Casado, portavoz del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la situación es similar para los letrados, y todos se enfrentan al mismo cuello de botella que enfrentan los jueces. Un ejemplo de las consecuencias catastróficas de los retrasos en la Justicia se reflejó cuando la Audiencia de Barcelona absolvió a un acusado de agredir sexualmente a sus tres sobrinos. A pesar de que los abusos se denunciaron en 2017, el juez instructor del caso dilató la imputación hasta 2018, después de que se cumplieran los 20 años de prescripción establecidos por el Código Penal de 1995 para este delito. Los profesionales de la Justicia señalan varias causas para la congestión en los juzgados y tribunales, algunas de las cuales son de larga data y otras más circunstanciales. Entre las causas crónicas se encuentran la alta litigiosidad, la falta de mecanismos extrajudiciales para la resolución de conflictos, la escasez de jueces y la demora en la implementación de tecnología en la Administración de Justicia. Además, en algunos tribunales, todavía se trabaja en papel, y existe la necesidad de homogeneizar los medios entre diferentes regiones del país. Entre las razones del agravamiento de la situación en 2023 se encuentran las huelgas de letrados de la Administración de Justicia y funcionarios durante la primera mitad del año, que paralizaron cientos de miles de procedimientos, y la parálisis en la tramitación de leyes de eficiencia, causada por elecciones anticipadas y la demora en la formación de un nuevo Gobierno. En 2022, la ministra de Justicia, Pilar Llop, anunció proyectos de ley destinados a mejorar la eficiencia organizativa y procesal en la Administración de Justicia, así como la eficiencia digital. Estas leyes formarían parte del Plan Justicia 2030 y se esperaba que agilizaran el funcionamiento de la Administración de Justicia y la acercaran a los ciudadanos. Estas normativas tenían la intención de abordar barreras tecnológicas, diferencias en el servicio ofrecido en diversas regiones y la falta de mecanismos extrajudiciales, como la mediación y la conciliación.

Al margen del frenazo en las leyes de eficiencia, este 2023 ha sido especialmente dramático en lo que se refiere a la fluidez de la Administración de Justicia.

NO DAN A BASTO

Al margen del frenazo en las leyes de eficiencia, este 2023 ha sido especialmente dramático en lo que se refiere a la fluidez de la Administración de Justicia.


Los tribunales desbordados y asfixiados por las huelgas en Justicia
