SEÑALES DE ALARMA

Dolores Delgado, de ministra a Fiscal General, primera polémica del Gobierno

Dolores Delgado, Fiscal General del Estado, primera polémica. (Foto: La Sexta)
Dolores Delgado, Fiscal General del Estado, primera polémica. (Foto: La Sexta)
Figura clave en la semilibertad de Oriol Junqueras y los procesos abiertos. Dolores Delgado, de ministra a Fiscal General, se convierte en la figura clave en el plan de Pedro Sánchez de desjudicializar Cataluña.
Dolores Delgado, de ministra a Fiscal General del Estado. Noticia avanazada en la mañana de este lunes 13 de la toma de posesión del nuevo Gobierno por la Cadena COPE.

"La actuación de Fiscalía en el juicio del 1-O ha sido independiente frente a un Gobierno que ha forzado instituciones como la Abogacía del Estado. Bajo el mandato de Delgado se toleraron esas presiones. Pésima noticia para la independencia de la Fiscalia", la primera reacción de Edmundo Bal, diputado en el Congreso, portavoz adjunto de Ciudadanos y abogado del Estado.

El nuevo Gobierno propondrá la ex ministra de Justicia Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado. Dolores Delgado era hasta ahora ministra de Justicia en anterior Gobierno de Pedro Sánchez. Sustituye a María José Segarra que ocupaba el cargo desde junio 2018.

Pedro Sánchez informó el pasado viernes a Dolores Delgado que no continuaría al frente de la cartera de Justicia que había asumido en junio de 2018. Este mismo lunes, Juan Carlos Campo toma su relevo al frente del Ministerio.

Tocada por el caso Villarejo, Delgado se definió en su toma de posesión en julio de 2018 como una "fiscal de trinchera" y prometió ser una "ministra de trinchera". Durante el año y medio de mandato apostó por la cooperación internacional y por el avance de la digitalización de la justicia.

Nació en Madrid en 1962 y hasta su entrada en el Gobierno la pasada legislatura ejercía de fiscal coordinadora contra el yihadismo en la Audiencia Nacional. Ingresó en dicho órgano en 1993 y desde entonces su labor se centró en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo etarra y, posteriormente, yihadista, en el que se especializó tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Cuenta con experiencia en el Tribunal Penal Internacional, donde ejerció como fiscal a partir de 2011 y preparó la documentación de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar Gadafi para juzgarle por crímenes contra la Humanidad. Criticó duramente los recortes y práctica desaparición de las causas de este tipo en la Audiencia Nacional a cuenta de las reformas del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y del PP.

Durante los últimos meses, el Ministerio que ha dirigido ha realizado numerosos actos para "sacar de la fosa de la desmemoria", como la propia Delgado explicó, al exilio republicano, con motivo de su 80 aniversario. También se ha centrado en la recuperación y reparación de la dignidad de las víctimas del franquismo.

Todo ello en el marco de la Dirección General de la Memoria Histórica, que ha dependido de su departamento y que ahora pasa a estar en manos de la Vicepresidencia de Carmen Calvo bajo el nombre de Memoria Democrática. Con su creación se ha dado impulso a las iniciativas relacionadas con la Ley de Memoria Histórica de 2007, que marcaba como principal reto exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Sus inicios en el Ministerio de Justicia se vieron perjudicados tras la difusión -dos meses después de tomar posesión- de unas grabaciones de una conversación que tuvo lugar en 2009 en el restaurante Rianxo de Madrid, entre el comisario jubilado José Manuel Villarejo (en prisión provisional desde hace dos años) y Delgado, que acudió al encuentro acompañando al ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para celebrar la medalla al mérito que habían concedido al expolicía.

Delgado aseguró que los audios publicados estaban manipulados, pues eran "trocitos solapados, puestos y pegados" y negó haber mantenido alguna "cita en ningún aspecto profesional" con el excomisario.

Estos hechos se sumaron a la tardanza de la hasta ahora responsable de Justicia en amparar al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del procés en la demanda civil que presentó el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont contra él ante la justicia belga para que el Congreso y el Senado la reprobaran.

Una tercera censura llegó por parte del Congreso por haber instado a la Abogacía del Estado a descartar la rebelión en la acusación contra los líderes independentista en prisión por el procés.

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