El Gobierno aprueba las subidas salariales de letrados, jueces y fiscales
Varios meses después de acordar aumentos salariales con los letrados de la Administración de Justicia, seguido por jueces y fiscales, el Gobierno ha dado su aprobación a la implementación de estos incrementos en la reunión del Consejo de Ministros de este martes.
La noticia fue anunciada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una conferencia de prensa. Montero especificó que los aumentos salariales se llevarán a cabo de manera gradual en varios hitos a finales de este año y a mediados del próximo, para completar el acuerdo en su totalidad a partir de julio de 2024.
En el caso de jueces y fiscales, se ha acordado la actualización del complemento de destino por representación, con un aumento mensual que oscilará entre 440 y 450 euros. Por otro lado, para los letrados se aplicará un "complemento específico transitorio" de 430 euros mensuales, con efectos retroactivos desde enero de 2023.
Este anuncio del Gobierno pone fin a la mayor parte de la tensión que se había mantenido con los trabajadores de la Administración de Justicia desde el inicio del año. En ese momento, los letrados judiciales convocaron una huelga que duró dos meses y se resolvió con el compromiso del Gobierno de aumentar los salarios.
No obstante, persiste un conflicto sin resolver con los funcionarios de Justicia, quienes también convocaron una huelga, pero no lograron su objetivo de un aumento salarial más modesto.
A pesar de ello, los sindicatos cancelaron las protestas tras la convocatoria de elecciones generales. Tras conocer la decisión del Consejo de Ministros, el sindicato CSIF, uno de los que formaron parte del comité sindical de los funcionarios de Justicia, anunció que impugnaría el aumento salarial acordado con los letrados.
Según CSIF, el aumento viola el derecho fundamental a la negociación colectiva, ya que el acuerdo previo para el aumento no pasó por la Mesa de negociación. El sindicato declaró: "CSIF y los demás sindicatos no pasaremos por alto la pésima gestión del conflicto por parte del Ministerio que dirige Pilar Llop y el trato discriminatorio y desprecio mostrados hacia el 93% de la Administración de Justicia".
Luis Calero, representante de Justicia en Comisiones Obreras y miembro del comité sindical, indicó que los funcionarios exigirán "de inmediato" un trato igualitario y es posible que retomen la huelga "tan pronto como haya un nuevo Gobierno".
El acuerdo con los letrados de la Administración de Justicia incluyó un aumento salarial de entre 430 y 450 euros mensuales y la promesa de una reforma estatutaria que aún no se ha materializado.
Esto fue recordado en un comunicado publicado este mismo martes por las asociaciones de letrados, incluyendo la Unión Progresista de Letrados, la Asociación Independiente de Letrados y el Colegio Nacional de Letrados.
Por otro lado, las asociaciones de jueces y fiscales lograron firmar un acuerdo el 23 de mayo después de amenazar con convocar una huelga que finalmente no tuvo lugar. Mientras que el aumento salarial de los letrados debía implementarse a partir de julio, el de jueces y fiscales estaba programado para octubre, cumpliendo así con sus demandas en los plazos previstos.
Este acuerdo, considerado "histórico" por el Gobierno, incluyó mejoras salariales por valor de 46,7 millones de euros y la creación de 200 plazas adicionales, a implementarse en el transcurso de este y el próximo año.
Además, el Ejecutivo se comprometió a establecer grupos de trabajo permanentes para mantener un "diálogo continuo" con las asociaciones y una comisión de seguimiento para garantizar la adecuada aplicación del acuerdo.
Seis asociaciones judiciales han publicado un comunicado en el que se congratulan del paso dado por el Gobierno. Sin embargo, señalan que todavía hay varias medidas "de capital importancia" pendientes de implementar. Con un enfoque constructivo, indican que seguirán presionando para que se cumpla íntegramente el acuerdo.
Con la mayoría de las mejoras salariales ya en vigor para letrados, jueces y fiscales, quedan cuestiones pendientes para resolver y poner fin a los conflictos en la Administración de Justicia. Esto no se limita a los funcionarios, ya que el Gobierno también debe abordar la carga de trabajo extraordinaria generada por las huelgas en la primera mitad del año.
La huelga de dos meses de los letrados judiciales, que representan a aproximadamente 4.000 trabajadores, resultó en la paralización de 400,000 juicios, según las asociaciones. Por otro lado, los funcionarios de Justicia, que componen el 93% de la plantilla de la Administración, estiman que más de medio millón de juicios y más de un millón de actuaciones judiciales se suspendieron debido a su huelga.
La noticia fue anunciada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una conferencia de prensa. Montero especificó que los aumentos salariales se llevarán a cabo de manera gradual en varios hitos a finales de este año y a mediados del próximo, para completar el acuerdo en su totalidad a partir de julio de 2024.
En el caso de jueces y fiscales, se ha acordado la actualización del complemento de destino por representación, con un aumento mensual que oscilará entre 440 y 450 euros. Por otro lado, para los letrados se aplicará un "complemento específico transitorio" de 430 euros mensuales, con efectos retroactivos desde enero de 2023.
Este anuncio del Gobierno pone fin a la mayor parte de la tensión que se había mantenido con los trabajadores de la Administración de Justicia desde el inicio del año. En ese momento, los letrados judiciales convocaron una huelga que duró dos meses y se resolvió con el compromiso del Gobierno de aumentar los salarios.
No obstante, persiste un conflicto sin resolver con los funcionarios de Justicia, quienes también convocaron una huelga, pero no lograron su objetivo de un aumento salarial más modesto.
A pesar de ello, los sindicatos cancelaron las protestas tras la convocatoria de elecciones generales. Tras conocer la decisión del Consejo de Ministros, el sindicato CSIF, uno de los que formaron parte del comité sindical de los funcionarios de Justicia, anunció que impugnaría el aumento salarial acordado con los letrados.
Según CSIF, el aumento viola el derecho fundamental a la negociación colectiva, ya que el acuerdo previo para el aumento no pasó por la Mesa de negociación. El sindicato declaró: "CSIF y los demás sindicatos no pasaremos por alto la pésima gestión del conflicto por parte del Ministerio que dirige Pilar Llop y el trato discriminatorio y desprecio mostrados hacia el 93% de la Administración de Justicia".
Luis Calero, representante de Justicia en Comisiones Obreras y miembro del comité sindical, indicó que los funcionarios exigirán "de inmediato" un trato igualitario y es posible que retomen la huelga "tan pronto como haya un nuevo Gobierno".
El acuerdo con los letrados de la Administración de Justicia incluyó un aumento salarial de entre 430 y 450 euros mensuales y la promesa de una reforma estatutaria que aún no se ha materializado.
Esto fue recordado en un comunicado publicado este mismo martes por las asociaciones de letrados, incluyendo la Unión Progresista de Letrados, la Asociación Independiente de Letrados y el Colegio Nacional de Letrados.
Por otro lado, las asociaciones de jueces y fiscales lograron firmar un acuerdo el 23 de mayo después de amenazar con convocar una huelga que finalmente no tuvo lugar. Mientras que el aumento salarial de los letrados debía implementarse a partir de julio, el de jueces y fiscales estaba programado para octubre, cumpliendo así con sus demandas en los plazos previstos.
Este acuerdo, considerado "histórico" por el Gobierno, incluyó mejoras salariales por valor de 46,7 millones de euros y la creación de 200 plazas adicionales, a implementarse en el transcurso de este y el próximo año.
Además, el Ejecutivo se comprometió a establecer grupos de trabajo permanentes para mantener un "diálogo continuo" con las asociaciones y una comisión de seguimiento para garantizar la adecuada aplicación del acuerdo.
Seis asociaciones judiciales han publicado un comunicado en el que se congratulan del paso dado por el Gobierno. Sin embargo, señalan que todavía hay varias medidas "de capital importancia" pendientes de implementar. Con un enfoque constructivo, indican que seguirán presionando para que se cumpla íntegramente el acuerdo.
Con la mayoría de las mejoras salariales ya en vigor para letrados, jueces y fiscales, quedan cuestiones pendientes para resolver y poner fin a los conflictos en la Administración de Justicia. Esto no se limita a los funcionarios, ya que el Gobierno también debe abordar la carga de trabajo extraordinaria generada por las huelgas en la primera mitad del año.
La huelga de dos meses de los letrados judiciales, que representan a aproximadamente 4.000 trabajadores, resultó en la paralización de 400,000 juicios, según las asociaciones. Por otro lado, los funcionarios de Justicia, que componen el 93% de la plantilla de la Administración, estiman que más de medio millón de juicios y más de un millón de actuaciones judiciales se suspendieron debido a su huelga.
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