El Gobierno propone a Julián Sánchez Melgar como fiscal general
El artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Sánchez Melgar fue ponente de la doctrina Parot, que alargó la estancia en prisión de etarras y otros peligrosos delincuentes, como los violadores. Esta doctrina propició que la ejecución de la totalidad de la condena de un preso comienza con las penas más graves y los beneficios se aplican individualmente para cada una de ellas, y no sobre el máximo legal de 30 años de permanencia en prisión. De este modo, una vez cumplida la pena más grave, se debe cumplir la siguiente, y así sucesivamente hasta el límite legal, lo que alarga la estancia en la cárcel.
En octubre de 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) derogó la doctrina Parot en respuesta a un recurso presentado por la etarra Inés del Río, abriendo así la puerta a que decenas de presos de la banda y delincuentes polirreincidentes salieran de prisión.
Además, Sánchez Melgar se opuso a la llamada doctrina Botín, que quedó refrendada por la Sala Penal del Supremo en 2007 y en virtud de la cual se negó a la acusación popular la facultad de sentar a un imputado en el banquillo si no es acusado por el fiscal o por la acusación particular, lo que libró al expresidente del Banco Santander Emilio Botín del banquillo. Esta doctrina fue invocada en el caso Nóos para aplicarla a la infanta Cristina.
El mayor reto que tendrá que enfrentar el nuevo fiscal general del Estado será la investigación del proceso independentista, causas que ahora están repartidas entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, pero que podrían quedar acumuladas en una sola en el Supremo.
Sánchez Melgar (Palencia, 19 de septiembre de 1955) es Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, y Doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña, con premio extraordinario. Accedió a la carrera judicial en 1983. Es magistrado del Supremo desde enero de 2000. Antes de llegar a la cúspide de la jurisdicción penal, ejerció en la Sala Civil y Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Cantabria y presidió la Audiencia Provincial de Álava.
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