Pegasus, el cisma que enturbió las relaciones entre Gobierno y Cataluña
El gobierno de Cataluña acordó "restringir" sus relaciones políticas con el Ejecutivo central "a mínimos" hasta que se esclarezcan las denuncias de presunto espionaje a más de 60 independentistas con el software Pegasus, entre los que estaría el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y se "depuren" responsabilidades, un caso por el que planea emprender "acciones legales" a todos los niveles.
Así lo recoge el acuerdo aprobado por el Gobierno de la Generalitat en su reunión ordinaria de este martes, en el que constata que la reacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante este "escándalo político" ha sido hasta ahora "del todo insuficiente", lo que "pone gravemente en peligro la confianza" entre gobiernos.
Según detalló la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en rueda de prensa tras la reunión del Ejecutivo catalán, se da también por "aparcada" la mesa de diálogo con el Gobierno. "La mesa de diálogo, ahora mismo, está al margen. Ahora hay una urgencia por resolver, una crisis sin precedentes. No se da ninguna de las condiciones para que se pueda celebrar la mesa de negociación", recalcó.
Hace una semana, ya el gobierno catalán dio por congelada la mesa de diálogo con el Ejecutivo central por este caso y solicitó una investigación en el Congreso y avisó de que se podría haber una ruptura del pacto de investidura.
Asimismo, el Parlamento catalán aprobó presentar una denuncia ante las autoridades judiciales por los casos de espionaje denunciados por más de 60 independentistas, una decisión adoptada en el arranque de un pleno con bronca entre la presidenta de la cámara catalana, Laura Borràs, y Ciudadanos (Cs).
La decisión de emprender esta acción legal por las denuncias de espionaje a través del sistema Pegasus ha sido aprobada con 112 votos a favor (de PSC-Units, ERC, JxCat, la CUP y En Comú Podem) y 17 en contra, de Vox, Cs y el PPC.
Al inicio de la sesión plenaria, Borràs leyó la declaración de la Junta de Portavoces aprobada la semana pasada con el impulso de ERC, JxCat, la CUP y los comunes, en la que se condena el espionaje a más de 60 independentistas y exige al Gobierno que lo investigue y "asuma las responsabilidades".
Así lo recoge el acuerdo aprobado por el Gobierno de la Generalitat en su reunión ordinaria de este martes, en el que constata que la reacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante este "escándalo político" ha sido hasta ahora "del todo insuficiente", lo que "pone gravemente en peligro la confianza" entre gobiernos.
Según detalló la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en rueda de prensa tras la reunión del Ejecutivo catalán, se da también por "aparcada" la mesa de diálogo con el Gobierno. "La mesa de diálogo, ahora mismo, está al margen. Ahora hay una urgencia por resolver, una crisis sin precedentes. No se da ninguna de las condiciones para que se pueda celebrar la mesa de negociación", recalcó.
Hace una semana, ya el gobierno catalán dio por congelada la mesa de diálogo con el Ejecutivo central por este caso y solicitó una investigación en el Congreso y avisó de que se podría haber una ruptura del pacto de investidura.
Asimismo, el Parlamento catalán aprobó presentar una denuncia ante las autoridades judiciales por los casos de espionaje denunciados por más de 60 independentistas, una decisión adoptada en el arranque de un pleno con bronca entre la presidenta de la cámara catalana, Laura Borràs, y Ciudadanos (Cs).
La decisión de emprender esta acción legal por las denuncias de espionaje a través del sistema Pegasus ha sido aprobada con 112 votos a favor (de PSC-Units, ERC, JxCat, la CUP y En Comú Podem) y 17 en contra, de Vox, Cs y el PPC.
Al inicio de la sesión plenaria, Borràs leyó la declaración de la Junta de Portavoces aprobada la semana pasada con el impulso de ERC, JxCat, la CUP y los comunes, en la que se condena el espionaje a más de 60 independentistas y exige al Gobierno que lo investigue y "asuma las responsabilidades".
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