Sánchez se niega a la petición de poner fin al estado de alarma
Sin acuerdo en una reunión telemática crucial del presidente del Gobierno con los líderes de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, la Conferencia de Presidentes. Pedro Sánchez insistió en la prórroga del estado de alarma. Reiteró que no hay Plan B.
¿Qué sucedería si no logra que el Congreso de los Diputados acepte el miércoles 6 esa cuarta prórroga de quince días del estado de alarma? Pedro Sánchez avisó de un shock jurídico, burocrático y sanitario para presionar.
Los 89 escaños del Partido Popular son la clave. Esquerra Republicana (ERC) ha anunciado que se va a abstener. El Gobierno de PSOE-Podemos, con sólo 155 apoyos, no suma con nadie más para alcanzar 176 votos que marcan la mayoría absoluta. En este caso no cuentan más síes que noes. Abstenerse es votar no.
El efecto principal sería el fin de la limitación de la circulación de las personas por todo el país. Por otro lado dejaría en evidencia la minoría del Gobierno.
El presidente del Gobierno insistió en que no hay Plan B. Pero de nuevo faltó a la verdad. Una de las opciones de La Moncloa es un Consejo de Ministros para aprobar de forma inmediata otro decreto de un nuevo estado de alarma.
Tendría una vigencia de quince días y no necesitaría pasar por el Congreso. La aprobación de la Cámara sólo es necesaria para las prórrogas, no para su puesta en marcha. Es decir que, en un caso extremo, el Gobierno podría ir aprobando sucesivos estados de alarma sine die dejando al costado al Poder Legislativo.
Este escenario sería delicado para Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Supondría que el Gobierno rehúye de forma definitiva el control parlamentario.
Si finalmente decae el estado de alarma sin otra opción, el domingo 10 volvería a regir la legislación ordinaria. Las comunidades autónomas recuperarían el control sobre todas las competencias que tenían transferidas antes de la iniciativa del 14 de marzo.
En el País Vasco, el mando único lo tendría el lehendakari. Se situaría con poderes excepcionales gracias a la declaración de la emergencia sanitaria que se puso en marcha el 13 de marzo con la activación formal del Plan de Protección Civil de Euskadi (el llamado Labi). Sigue vigente en su fase tres (tiene cuatro).
Sin duda, el reto es el de volver a la normalidad institucional y establecer otros mecanismos legales que permitan organizar la reapertura (la mal llamada desescalada). Conviene subrayar que el reto y prueba no es para Pablo Casado y el Partido Popular, sino para el talante, liderazgo y gestión del Gobierno de PSOE y Podemos. Es decir, de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
¿Qué sucedería si no logra que el Congreso de los Diputados acepte el miércoles 6 esa cuarta prórroga de quince días del estado de alarma? Pedro Sánchez avisó de un shock jurídico, burocrático y sanitario para presionar.
Los 89 escaños del Partido Popular son la clave. Esquerra Republicana (ERC) ha anunciado que se va a abstener. El Gobierno de PSOE-Podemos, con sólo 155 apoyos, no suma con nadie más para alcanzar 176 votos que marcan la mayoría absoluta. En este caso no cuentan más síes que noes. Abstenerse es votar no.
El efecto principal sería el fin de la limitación de la circulación de las personas por todo el país. Por otro lado dejaría en evidencia la minoría del Gobierno.
El presidente del Gobierno insistió en que no hay Plan B. Pero de nuevo faltó a la verdad. Una de las opciones de La Moncloa es un Consejo de Ministros para aprobar de forma inmediata otro decreto de un nuevo estado de alarma.
Tendría una vigencia de quince días y no necesitaría pasar por el Congreso. La aprobación de la Cámara sólo es necesaria para las prórrogas, no para su puesta en marcha. Es decir que, en un caso extremo, el Gobierno podría ir aprobando sucesivos estados de alarma sine die dejando al costado al Poder Legislativo.
Este escenario sería delicado para Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Supondría que el Gobierno rehúye de forma definitiva el control parlamentario.
Si finalmente decae el estado de alarma sin otra opción, el domingo 10 volvería a regir la legislación ordinaria. Las comunidades autónomas recuperarían el control sobre todas las competencias que tenían transferidas antes de la iniciativa del 14 de marzo.
En el País Vasco, el mando único lo tendría el lehendakari. Se situaría con poderes excepcionales gracias a la declaración de la emergencia sanitaria que se puso en marcha el 13 de marzo con la activación formal del Plan de Protección Civil de Euskadi (el llamado Labi). Sigue vigente en su fase tres (tiene cuatro).
Sin duda, el reto es el de volver a la normalidad institucional y establecer otros mecanismos legales que permitan organizar la reapertura (la mal llamada desescalada). Conviene subrayar que el reto y prueba no es para Pablo Casado y el Partido Popular, sino para el talante, liderazgo y gestión del Gobierno de PSOE y Podemos. Es decir, de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
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