LAS CLAVES

Sánchez presidente, qué es el Lawfare y las exigencias de Puigdemont

¿Qué es el Lawfare y por qué es importante?. (Foto: @PSOE)
¿Qué es el Lawfare y por qué es importante?. (Foto: @PSOE)
El acuerdo también estipula que la amnistía cubrirá los casos de lawfare, una de las demandas de Puigdemont, con el propósito de proteger tanto al expresidente como a sus colaboradores.
Después de intensas negociaciones, Junts y PSOE han llegado a un acuerdo sobre la amnistía que allanó el camino para la investidura de Pedro Sánchez. La firma de este pacto finalmente revela las concesiones de los socialistas a los independentistas.

Además de la ley que anula los delitos cometidos durante el procés y el referéndum ilegal del 1-O, el acuerdo contempla la presencia de un verificador internacional para "seguir todo el proceso de negociación y los acuerdos", así como la apertura de un debate sobre el referéndum.

El pacto también establece que el perdón abarque los casos de lawfare, una de las demandas de Puigdemont, tanto para protegerse a sí mismo como a sus colaboradores.

La inclusión de este concepto en el texto del acuerdo, abriendo la posibilidad de exigir "responsabilidades" a los jueces que aplicaron la ley en el procés, ha generado preocupación en el Poder Judicial. Jueces y fiscales advierten que es "puro chavismo, el fin de la independencia judicial".

¿Qué significa lawfare y cuál es su origen?

La palabra lawfare está compuesta por law (ley) y warfare (guerra). Originariamente, surgió en el ámbito militar para describir un método de guerra asimétrica no convencional en el cual la ley se utiliza como un medio para alcanzar un objetivo militar, según la Fundación del Español Urgente.

Sin embargo, la definición actual de lawfare es el "uso de acciones legales para causar problemas a un oponente", según el Cambridge English Dictionary. El diccionario de Oxford precisa que el término se refiere a "acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo".

Aunque se traduce como "guerra jurídica", desde la Fundéu proponen otras expresiones, como "persecución judicial", "instrumentalización de la Justicia" o "judicialización de la política".

El término lawfare comenzó a usarse en el ámbito legal en Estados Unidos a partir de la década de los 50, inicialmente para señalar una variedad de cuestiones administrativas.

Bobby Chesney, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, señala que fue en 1999 cuando el libro de estrategia militar "Guerra sin restricciones" (Unrestricted Warfare) utilizó el término lawfare para referirse al "uso por parte de una nación de instituciones internacionales legalizadas para lograr fines estratégicos".

En 2001, el general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Charles Dunlap definió el concepto como "la estrategia de usar la ley como sustituto para que los medios militares tradicionales logren un objetivo operacional".

El término lawfare fue ampliamente utilizado en América Latina a principios del siglo XXI para explicar casos judiciales como los de los expresidentes de Brasil Dilma Rousseff y Lula da Silva, así como las acusaciones de corrupción contra la argentina Cristina Fernández de Kirchner o el ecuatoriano Rafael Correa.

Con el tiempo, la izquierda ha redefinido el concepto de lawfare o guerra jurídica en español para denunciar el acoso y derribo a miembros de un gobierno o de la oposición a través de los tribunales, dando una apariencia de legalidad a una operación oscura.

Como ejemplo de esto, está el caso de Pablo Iglesias, quien en 2021 respaldó la teoría de la conspiración y del lawfare contra Podemos por parte de jueces, policías, medios de comunicación y militares. Lo calificó como "el nuevo golpismo".

En este sentido, Carles Puigdemont ofreció otra explicación del concepto moderno de lawfare en la red social X (antigua Twitter): "El uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial".

El acuerdo alcanzado por PSOE y Junts lo refleja de la siguiente manera: "Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

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