Torra mantiene los lazos amarillos y reta a la Junta Electoral

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El presidente de la Generalitat, Quim Torra, decidió mantener la pancarta de apoyo a los dirigentes independentistas presos y el lazo amarillo en la fachada del Palau de la Generalitat y las Consejerías para "preservar la libertad de expresión".

Así lo anunció la portavoz del gobierno catalán, Elsa Artadi, después de que el jefe del Ejecutivo catalán comunicara su decisión a los miembros de su Gabinete y éstos la aceptaran.

Del mismo modo, Torra pidió un un informe al defensor del pueblo catalán -el Síndic de Greuges- sobre la retirada de los lazos y obedecerá sus recomendaciones. "El president acatará lo que diga el Síndic", subrayó Artadi.

Al no querer quitar los lazos amarillos, Torra podría incurrir en responsabilidades penales, tal y como le advirtió la Junta Electoral en la resolución que tumbaba sus alegaciones y establecía un nuevo plazo de 24 horas para retirar los emblemas independentistas de los edificios públicos.
 
 Así, el presidente de la Generalitat se expondría a cometer un delito de desobediencia que podría conllevar a una inhabilitación. Algo que ocurrió al ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, y sus consejeras Irene Rigau y Joana Ortega por organizar la consulta del 9-N; así como a la alcaldesa de la CUP en Berga, Montse Venturós.

Ciudadanos fue el partido que inició la petición de retirada de estos símbolos y busca garantizar que los edificios públicos mantengan “una rigurosa neutralidad política”. Torra había alegado, para no retirar los símbolos, que su deber es proteger el derecho a la libertad de expresión de los trabajadores de la Generalitat, y en su escrito de alegaciones había esgrimido como argumentos dos resoluciones aprobadas en el Parlament de Cataluña. La cámara resolvió que la bandera estelada “es un símbolo que representa un anhelo de libertad y una reivindicación democrática, legítima, legal y no violenta”.
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