El PP vuelve a dar largas a la renovación del CGPJ
La despolitización de la justicia se plantea ahora como una necesidad importante que tiene que llevar a cabo el ejecutivo. El PP vuelve a dar largas a la renovación del CDPJ. Esteban González Pons ha puesto de manifiesto que van a hacer propuestas que podrán ser fácilmente aceptadas por el ejecutivo.
La propuesta de Feijóo pasaría por la renovación de los 20 vocales del CGPJ a través del método actual y no establece como condición cambiar la ley para hacer una modificación del método de nombramientos por el cual los jueces se eligen entre ellos.
Discrepancias entre partidos
Esta situación se produce porque existen discrepancias importantes entre las fuerzas políticas sobre la mejor forma de abordar esta reforma del poder judicial. Para los populares el enfoque del gobierno sería erróneo e incluso anticonstitucional.
Según esta fuerza política, el gobierno haría una renovación parcial de los cargos del CGPJ. De esta forma, el mandato de cuatro de los 12 magistrados del tribunal ha caducado y el gobierno tiene previsto nombrar a dos.
Los propios jueces del CGPJ serían los encargados de nombrar a los otros dos. Sin embargo, el cambio que se ha producido en la legislación no permitiría que esto se realizase porque no tendría capacidad. En caso de llevarse a cabo quebrantarían la constitución con las consecuencias que podrían derivarse.
Un recurso asegurado
Tal y como están las cosas entre las dos fuerzas políticas, parece que el gobierno estaría forzando a esa designación de dos de los nuevos miembros del tribunal, dado que la oposición no tiene intención de desbloquear la situación.
Si esto se produce el tribunal de garantías pasaría a tener mayoría de miembros progresistas, una situación que nunca se ha vivido y que podría tener como consecuencia un recurso.
Además, los actuales miembros del tribunal tendrían potestad para vetar la incorporación de loa nuevos miembros designados.
Los argumentos dados por el ejecutivo para hacer esta actuación forzada ante la falta de consenso se centran en que es necesaria la renovación del tribunal constitucional tal y como marcan las leyes estatales.
En todo este proceso, Europa tiene puesto el foco de atención en el ejecutivo español y lanzará una advertencia sobre la necesidad de cumplir con los plazos establecidos para la renovación de los miembros del CGPJ.
La comisaria europea ha puesto de manifiesto que esta decisión deben adoptarla por consenso entre los dos partidos. Igualmente, ha revelado que esta renovación debe ser algo de los dos partidos y que más de la mitad de los miembros del consejo debe ser votado o seleccionado por sus pares, es decir, por los otros jueces.
Sin duda, es una situación en la que finalmente tendrá que haber acuerdo si no quieren recibir una amonestación a nivel europeo y conseguir que se cometa una infracción que atenta contra la constitución española.
La propuesta de Feijóo pasaría por la renovación de los 20 vocales del CGPJ a través del método actual y no establece como condición cambiar la ley para hacer una modificación del método de nombramientos por el cual los jueces se eligen entre ellos.
Discrepancias entre partidos
Esta situación se produce porque existen discrepancias importantes entre las fuerzas políticas sobre la mejor forma de abordar esta reforma del poder judicial. Para los populares el enfoque del gobierno sería erróneo e incluso anticonstitucional.
Según esta fuerza política, el gobierno haría una renovación parcial de los cargos del CGPJ. De esta forma, el mandato de cuatro de los 12 magistrados del tribunal ha caducado y el gobierno tiene previsto nombrar a dos.
Los propios jueces del CGPJ serían los encargados de nombrar a los otros dos. Sin embargo, el cambio que se ha producido en la legislación no permitiría que esto se realizase porque no tendría capacidad. En caso de llevarse a cabo quebrantarían la constitución con las consecuencias que podrían derivarse.
Un recurso asegurado
Tal y como están las cosas entre las dos fuerzas políticas, parece que el gobierno estaría forzando a esa designación de dos de los nuevos miembros del tribunal, dado que la oposición no tiene intención de desbloquear la situación.
Si esto se produce el tribunal de garantías pasaría a tener mayoría de miembros progresistas, una situación que nunca se ha vivido y que podría tener como consecuencia un recurso.
Además, los actuales miembros del tribunal tendrían potestad para vetar la incorporación de loa nuevos miembros designados.
Los argumentos dados por el ejecutivo para hacer esta actuación forzada ante la falta de consenso se centran en que es necesaria la renovación del tribunal constitucional tal y como marcan las leyes estatales.
En todo este proceso, Europa tiene puesto el foco de atención en el ejecutivo español y lanzará una advertencia sobre la necesidad de cumplir con los plazos establecidos para la renovación de los miembros del CGPJ.
La comisaria europea ha puesto de manifiesto que esta decisión deben adoptarla por consenso entre los dos partidos. Igualmente, ha revelado que esta renovación debe ser algo de los dos partidos y que más de la mitad de los miembros del consejo debe ser votado o seleccionado por sus pares, es decir, por los otros jueces.
Sin duda, es una situación en la que finalmente tendrá que haber acuerdo si no quieren recibir una amonestación a nivel europeo y conseguir que se cometa una infracción que atenta contra la constitución española.
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