Se abre la puerta a investigar las torturas del franquismo

La Fiscalía ha solicitado al juzgado que inicie una investigación sobre los actos de tortura perpetrados por la policía franquista contra un sindicalista en la comisaría de la Via Laietana de Barcelona.

Esto marca la primera vez en la que se aplica la nueva ley de memoria democrática, que abre la puerta a la investigación de crímenes cometidos durante la dictadura franquista, los cuales habían sido previamente excluidos de persecución debido a la ley de amnistía de 1977.

En su informe presentado ante el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, la Fiscalía respalda la admisión a trámite de la denuncia por torturas presentada por un sindicalista contra seis agentes de la policía franquista, quienes lo sometieron a tortura en la comisaría central de Barcelona.

Este acontecimiento representa un hito en España, ya que es la primera vez que la Fiscalía se pronuncia a favor de investigar crímenes de lesa humanidad y actos de tortura durante la era franquista, amparándose en la nueva ley de memoria democrática, aprobada el año anterior. Según el ministerio público, esta legislación permite la investigación de tales delitos a través de la vía penal.

El informe de la Fiscalía hace hincapié en que la nueva ley "impera al Estado, desde una perspectiva judicial, la responsabilidad de investigar las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario acontecidas durante la Guerra Civil y el régimen franquista".

Por lo tanto, el ministerio público considera fundamental examinar los acontecimientos y su contexto antes de tomar una decisión sobre la continuación del proceso. Asimismo, destaca que su responsabilidad no solo radica en garantizar el acceso a la justicia, sino también en buscar la verdad y procurar la reparación para las víctimas.

Concretamente, la argumentación de la Fiscalía se basa en el artículo 29 de la Ley de Memoria Histórica, el cual establece que el Estado tiene el deber de "garantizar el derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario ocurridas con ocasión de la guerra y la dictadura, así como durante el período que abarca desde la muerte del dictador hasta la entrada en vigor de la Constitución Española".