Los tribunales desbordados y asfixiados por las huelgas en Justicia
A lo largo de 2023, España ha experimentado un aumento significativo en la litigiosidad, lo cual ya venía ocurriendo en años anteriores. Datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revelan un incremento en el número de casos presentados en los tribunales y juzgados del país, acompañado por una disminución en la resolución de casos, en parte debido a las huelgas en la primera mitad del año.
Esta situación ha llevado a los tribunales a una situación de asfixia extrema que difícilmente se resolverá hasta que se forme un nuevo Gobierno.
La tasa de litigiosidad, que mide la cantidad de casos presentados por cada 1,000 habitantes, ha aumentado de 116.5 en 2020 a 140.8 en 2022.
Según el magistrado y miembro del comité nacional de la Asociación Judicial Francisco Vitoria, Sergio Oliva, se espera que la tasa alcance entre 143 y 149 a finales de 2023. Según datos del CGPJ, en el segundo trimestre de 2023, se registraron un total de 1,816,522 casos en los órganos judiciales, lo que representa un aumento del 7.7% en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que se resolvieron un 4.7% menos.
Desde 2017, con la excepción de 2021, la cantidad de casos presentados en los juzgados siempre ha superado a los resueltos, lo que ha llevado a la acumulación de trabajo pendiente con el tiempo. En 2022, se resolvieron 225,046 casos menos de los que se presentaron, según datos del CGPJ.
Sergio Oliva menciona que el CGPJ nunca ha establecido una carga de trabajo específica para los jueces, pero considera razonable que en la jurisdicción social un juez debería resolver al menos 800 casos al año.
Sin embargo, actualmente, esos 800 casos generalmente se agotan en septiembre, lo que significa que todo el trabajo realizado de septiembre a diciembre es un esfuerzo adicional.
Esta situación tiene un impacto negativo en dos aspectos: afecta a los ciudadanos que no pueden obtener una solución oportuna y también tiene repercusiones en la salud laboral de los profesionales de la Administración de Justicia, incluyendo jueces, abogados y funcionarios.
Según Ernesto Casado, portavoz del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la situación es similar para los letrados, y todos se enfrentan al mismo cuello de botella que enfrentan los jueces.
Un ejemplo de las consecuencias catastróficas de los retrasos en la Justicia se reflejó cuando la Audiencia de Barcelona absolvió a un acusado de agredir sexualmente a sus tres sobrinos. A pesar de que los abusos se denunciaron en 2017, el juez instructor del caso dilató la imputación hasta 2018, después de que se cumplieran los 20 años de prescripción establecidos por el Código Penal de 1995 para este delito.
Los profesionales de la Justicia señalan varias causas para la congestión en los juzgados y tribunales, algunas de las cuales son de larga data y otras más circunstanciales. Entre las causas crónicas se encuentran la alta litigiosidad, la falta de mecanismos extrajudiciales para la resolución de conflictos, la escasez de jueces y la demora en la implementación de tecnología en la Administración de Justicia.
Además, en algunos tribunales, todavía se trabaja en papel, y existe la necesidad de homogeneizar los medios entre diferentes regiones del país.
Entre las razones del agravamiento de la situación en 2023 se encuentran las huelgas de letrados de la Administración de Justicia y funcionarios durante la primera mitad del año, que paralizaron cientos de miles de procedimientos, y la parálisis en la tramitación de leyes de eficiencia, causada por elecciones anticipadas y la demora en la formación de un nuevo Gobierno.
En 2022, la ministra de Justicia, Pilar Llop, anunció proyectos de ley destinados a mejorar la eficiencia organizativa y procesal en la Administración de Justicia, así como la eficiencia digital. Estas leyes formarían parte del Plan Justicia 2030 y se esperaba que agilizaran el funcionamiento de la Administración de Justicia y la acercaran a los ciudadanos.
Estas normativas tenían la intención de abordar barreras tecnológicas, diferencias en el servicio ofrecido en diversas regiones y la falta de mecanismos extrajudiciales, como la mediación y la conciliación.
Esta situación ha llevado a los tribunales a una situación de asfixia extrema que difícilmente se resolverá hasta que se forme un nuevo Gobierno.
La tasa de litigiosidad, que mide la cantidad de casos presentados por cada 1,000 habitantes, ha aumentado de 116.5 en 2020 a 140.8 en 2022.
Según el magistrado y miembro del comité nacional de la Asociación Judicial Francisco Vitoria, Sergio Oliva, se espera que la tasa alcance entre 143 y 149 a finales de 2023. Según datos del CGPJ, en el segundo trimestre de 2023, se registraron un total de 1,816,522 casos en los órganos judiciales, lo que representa un aumento del 7.7% en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que se resolvieron un 4.7% menos.
Desde 2017, con la excepción de 2021, la cantidad de casos presentados en los juzgados siempre ha superado a los resueltos, lo que ha llevado a la acumulación de trabajo pendiente con el tiempo. En 2022, se resolvieron 225,046 casos menos de los que se presentaron, según datos del CGPJ.
Sergio Oliva menciona que el CGPJ nunca ha establecido una carga de trabajo específica para los jueces, pero considera razonable que en la jurisdicción social un juez debería resolver al menos 800 casos al año.
Sin embargo, actualmente, esos 800 casos generalmente se agotan en septiembre, lo que significa que todo el trabajo realizado de septiembre a diciembre es un esfuerzo adicional.
Esta situación tiene un impacto negativo en dos aspectos: afecta a los ciudadanos que no pueden obtener una solución oportuna y también tiene repercusiones en la salud laboral de los profesionales de la Administración de Justicia, incluyendo jueces, abogados y funcionarios.
Según Ernesto Casado, portavoz del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la situación es similar para los letrados, y todos se enfrentan al mismo cuello de botella que enfrentan los jueces.
Un ejemplo de las consecuencias catastróficas de los retrasos en la Justicia se reflejó cuando la Audiencia de Barcelona absolvió a un acusado de agredir sexualmente a sus tres sobrinos. A pesar de que los abusos se denunciaron en 2017, el juez instructor del caso dilató la imputación hasta 2018, después de que se cumplieran los 20 años de prescripción establecidos por el Código Penal de 1995 para este delito.
Los profesionales de la Justicia señalan varias causas para la congestión en los juzgados y tribunales, algunas de las cuales son de larga data y otras más circunstanciales. Entre las causas crónicas se encuentran la alta litigiosidad, la falta de mecanismos extrajudiciales para la resolución de conflictos, la escasez de jueces y la demora en la implementación de tecnología en la Administración de Justicia.
Además, en algunos tribunales, todavía se trabaja en papel, y existe la necesidad de homogeneizar los medios entre diferentes regiones del país.
Entre las razones del agravamiento de la situación en 2023 se encuentran las huelgas de letrados de la Administración de Justicia y funcionarios durante la primera mitad del año, que paralizaron cientos de miles de procedimientos, y la parálisis en la tramitación de leyes de eficiencia, causada por elecciones anticipadas y la demora en la formación de un nuevo Gobierno.
En 2022, la ministra de Justicia, Pilar Llop, anunció proyectos de ley destinados a mejorar la eficiencia organizativa y procesal en la Administración de Justicia, así como la eficiencia digital. Estas leyes formarían parte del Plan Justicia 2030 y se esperaba que agilizaran el funcionamiento de la Administración de Justicia y la acercaran a los ciudadanos.
Estas normativas tenían la intención de abordar barreras tecnológicas, diferencias en el servicio ofrecido en diversas regiones y la falta de mecanismos extrajudiciales, como la mediación y la conciliación.
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