Llarena contesta a Montoro con la cifra de la malversación por el 1-O
Un total del 1.915.067,22 euros públicos se destinaron desde las arcas de la Generalitat a organizar el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Esa es la cifra que manejan los investigadores de la Guardia Civil en un nuevo informe remitido al juez el Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga a los líderes del procés.
Según dio conocer VOX, que ejerce la acusación popular en esta causa, el magistrado ya levantó el secreto que pesaba sobre la pieza separada que abrió a finales del pasado marzo para investigar todo lo relacionado a la presunta malversación. El juez ya ha trasladado este informe de la Guardia Civil a las partes personadas.
La nueva cifra es superior a la ofrecida por el juez en su auto del procesamiento que establecía la factura del 1-O en 1,6 millones de euros. Lo desglosó además en diversas partidas: la campaña de registro de catalanes en el extranjero para la emisión de su voto (224.834,25 euros); la campaña de publicidad y difusión del referéndum (277.804,36 euros); el suministro de papeletas, censo electoral y citaciones para las mesas electorales (979.661,96 euros) y la participación de observadores internacionales (119.700 euros). Estas estimaciones las basaba en los informes de las Guardia Civil.
Dicha cantidad malversada dividida señala específicamente a los exconsejeros Jordi Turull y Raül Romeva, y destapa la función como "sociedad interpuesta" de Omnium Cutural.
Llarena levantó el secreto de esta pieza separada con la entrega del fugado Puigdemont pendiente, en un momento en el que tanto Alemania como Bélgica han pedido documentación adicional para estudiar las peticiones de entrega de los diferentes dirigentes huidos.
También en plena polémica con el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, quien recientemente negó en una entrevista al diario El Mundo que el 1-O se pagase con dinero público. Desde el mes de septiembre las cuentas de la Generalitat se encuentran intervenidas por su Departamento.
"Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”, contó el ministro Montoro a El Mundo durante la entrevista en la que el periodista le repreguntó al respecto. En ese sentido, apuntó que en todo caso “hay una investigación judicial en marcha”.
“Pero la malversación no requiere solo desvío de fondos: es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo”, sentenció.
En respuesta a estas afirmaciones, el magistrado le ha pedido este miércoles al ministro que le informe"a la mayor brevedad posible" sobre el soporte objetivo en el que se basa para afirmar que ni un euro de dinero publico fue destinado a pagar la consulta ilegal del 1-O, ya que ello contradice las pruebas obrantes en la causa.
Según dio conocer VOX, que ejerce la acusación popular en esta causa, el magistrado ya levantó el secreto que pesaba sobre la pieza separada que abrió a finales del pasado marzo para investigar todo lo relacionado a la presunta malversación. El juez ya ha trasladado este informe de la Guardia Civil a las partes personadas.
La nueva cifra es superior a la ofrecida por el juez en su auto del procesamiento que establecía la factura del 1-O en 1,6 millones de euros. Lo desglosó además en diversas partidas: la campaña de registro de catalanes en el extranjero para la emisión de su voto (224.834,25 euros); la campaña de publicidad y difusión del referéndum (277.804,36 euros); el suministro de papeletas, censo electoral y citaciones para las mesas electorales (979.661,96 euros) y la participación de observadores internacionales (119.700 euros). Estas estimaciones las basaba en los informes de las Guardia Civil.
Dicha cantidad malversada dividida señala específicamente a los exconsejeros Jordi Turull y Raül Romeva, y destapa la función como "sociedad interpuesta" de Omnium Cutural.
Llarena levantó el secreto de esta pieza separada con la entrega del fugado Puigdemont pendiente, en un momento en el que tanto Alemania como Bélgica han pedido documentación adicional para estudiar las peticiones de entrega de los diferentes dirigentes huidos.
También en plena polémica con el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, quien recientemente negó en una entrevista al diario El Mundo que el 1-O se pagase con dinero público. Desde el mes de septiembre las cuentas de la Generalitat se encuentran intervenidas por su Departamento.
"Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”, contó el ministro Montoro a El Mundo durante la entrevista en la que el periodista le repreguntó al respecto. En ese sentido, apuntó que en todo caso “hay una investigación judicial en marcha”.
“Pero la malversación no requiere solo desvío de fondos: es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo”, sentenció.
En respuesta a estas afirmaciones, el magistrado le ha pedido este miércoles al ministro que le informe"a la mayor brevedad posible" sobre el soporte objetivo en el que se basa para afirmar que ni un euro de dinero publico fue destinado a pagar la consulta ilegal del 1-O, ya que ello contradice las pruebas obrantes en la causa.
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