Mazazo a Ana Botella, condenada por vender pisos públicos a fondos buitre
El Tribunal de Cuentas condenó a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete altos cargos de su Gobierno, entre los que están sus concejales y el responsable de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), a pagar 25 millones de euros por vender 1.860 viviendas públicas de protección a un fondo de inversión, los llamados fondos buitres, a un precio por debajo del mercado en el año 2013.
Según la sentencia, que se dio a conocer este viernes, el Ejecutivo de Botella "incurrió en una negligencia grave" porque "no impidieron el perjuicio en el patrimonio público" al vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal, entre los que había pisos protegidos, al fondo de inversión por un valor de 128,5 millones, por debajo del precio de mercado, tal y como reconocieron algunos informes.
El Tribunal de Cuentas cifra el perjuicio que está operación causó a las arcas públicas municipales en unos 25,8 millones de euros y declara responsables directos a Fermín Oslé, responsable de la EMVS; a Botella y a los que eran sus concejales Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González Dolores Navarro y Pedro Corral, que deben asumir el pago solidario para resarcir los daños.
La sentencia responde a una denuncia del actual equipo de Gobierno municipal presidido por Manuela Carmena. Por su parte, fuentes de la anterior Junta de Gobierno del Consistorio madrileño explicaron que recurrirán la sentencia porque no la comparten.
Según argumentan, el anterior equipo de Gobierno no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas, sino que únicamente, en su condición de miembros de la Junta General de Accionistas de la EMVS ratificó el plan de viabilidad que el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda había aprobado.
Según la sentencia, que se dio a conocer este viernes, el Ejecutivo de Botella "incurrió en una negligencia grave" porque "no impidieron el perjuicio en el patrimonio público" al vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal, entre los que había pisos protegidos, al fondo de inversión por un valor de 128,5 millones, por debajo del precio de mercado, tal y como reconocieron algunos informes.
El Tribunal de Cuentas cifra el perjuicio que está operación causó a las arcas públicas municipales en unos 25,8 millones de euros y declara responsables directos a Fermín Oslé, responsable de la EMVS; a Botella y a los que eran sus concejales Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González Dolores Navarro y Pedro Corral, que deben asumir el pago solidario para resarcir los daños.
La sentencia responde a una denuncia del actual equipo de Gobierno municipal presidido por Manuela Carmena. Por su parte, fuentes de la anterior Junta de Gobierno del Consistorio madrileño explicaron que recurrirán la sentencia porque no la comparten.
Según argumentan, el anterior equipo de Gobierno no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas, sino que únicamente, en su condición de miembros de la Junta General de Accionistas de la EMVS ratificó el plan de viabilidad que el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda había aprobado.
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