La primera gran derrota del PSOE y Podemos con el superávit de los ayuntamientos
El Gobierno se llevó la primera derrota parlamentaria de la legislatura, al tumbar el Congreso la convalidación del decreto por el que los ayuntamientos podían ceder de forma voluntaria sus remanentes de tesorería a la Administración General del Estado. El Ejecutivo solo ha sumado 156 votos, frente a 193 noes, sin abstenciones.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asumía en los pasillos del Congreso, antes del debate, que no había logrado convencer al resto de los grupos con la última oferta de que el 60% del fondo se repartiese en función de la población del municipio, en lugar de su aportación de remanentes.
Montero es la tercera titular de una cartera ministerial que tiene que pasar por este mal trago en los últimos años. Hasta ahora solo los ministros de Fomento habían cosechado el rechazo de la cámara: el popular Íñigo de la Serna con el decreto de la estiba y José Luis Ábalos con el de los alquileres.
En 2006, 30 diputados socialistas votaron en contra por error de un decreto del tabaco y en 1979, se tumbó la prórroga de la junta de acuartelamiento. Al conocer la derogación del decreto, el líder del PP, Pablo Casado, aseguró que "la votación es un triunfo del municipalismo y una derrota histórica del Gobierno".
Montero justificó el decreto porque los ayuntamientos no pueden disponer de sus remanentes sin incurrir en déficit, ha explicado que, al estar depositados en las entidades financieras, a los consistorios les cuesta dinero por los tipos negativos, unos 70 millones de euros al año.
La titular de Hacienda, al mismo tiempo, admitióque se trata de una "solución compleja porque el problema lo era" pero permitía actualizar los entregas a cuenta de los ayuntamientos y conseguir que no hubiera "falta de recursos" en los consistorios. Además "el Estado no necesita el dinero de los ayuntamientos" porque este país "es solvente para los inversores extranjeros".
Desde el PP votó en contra, al criticar que se impone "un corralito a los ahorros públicos del los ayuntamientos" que los ceden durante 15 años a cambio de un fondo que supone un tercio de los remanentes de tesorería y que el decreto fue aprobado con "agosticidad y alevosía". Tampoco han aceptado que se tramite como un proyecto de ley y se retrase su aprobación varios meses por lo que reclamaban un nuevo real decreto.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asumía en los pasillos del Congreso, antes del debate, que no había logrado convencer al resto de los grupos con la última oferta de que el 60% del fondo se repartiese en función de la población del municipio, en lugar de su aportación de remanentes.
Montero es la tercera titular de una cartera ministerial que tiene que pasar por este mal trago en los últimos años. Hasta ahora solo los ministros de Fomento habían cosechado el rechazo de la cámara: el popular Íñigo de la Serna con el decreto de la estiba y José Luis Ábalos con el de los alquileres.
En 2006, 30 diputados socialistas votaron en contra por error de un decreto del tabaco y en 1979, se tumbó la prórroga de la junta de acuartelamiento. Al conocer la derogación del decreto, el líder del PP, Pablo Casado, aseguró que "la votación es un triunfo del municipalismo y una derrota histórica del Gobierno".
Montero justificó el decreto porque los ayuntamientos no pueden disponer de sus remanentes sin incurrir en déficit, ha explicado que, al estar depositados en las entidades financieras, a los consistorios les cuesta dinero por los tipos negativos, unos 70 millones de euros al año.
La titular de Hacienda, al mismo tiempo, admitióque se trata de una "solución compleja porque el problema lo era" pero permitía actualizar los entregas a cuenta de los ayuntamientos y conseguir que no hubiera "falta de recursos" en los consistorios. Además "el Estado no necesita el dinero de los ayuntamientos" porque este país "es solvente para los inversores extranjeros".
Desde el PP votó en contra, al criticar que se impone "un corralito a los ahorros públicos del los ayuntamientos" que los ceden durante 15 años a cambio de un fondo que supone un tercio de los remanentes de tesorería y que el decreto fue aprobado con "agosticidad y alevosía". Tampoco han aceptado que se tramite como un proyecto de ley y se retrase su aprobación varios meses por lo que reclamaban un nuevo real decreto.
Compartir en: