Rebelión, sedición y malversación, las querellas contra Puigdemont
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció la querella contra el ya expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, el resto de los recién cesados consejeros y miembros de la Mesa del Parlament por los delitos de rebelión, sedición, malversación y delitos conexos ante la Audiencia Nacional.
En las dos querellas, el fiscal reclama la "exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fija en un importe de 6.207.450 euros", que corresponden a partidas vinculadas a la celebración del referéndum.
Maza explicó que al haber perdido el fuero tras su cese y disolución del Parlamento catalán, no pueden ser investigados por el Tribunal Supremo ni por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por otro lado, considera que el delito por el que se les persigue es competencia de la Audiencia Nacional y tendrá que ser en ese órgano donde sean investigados.
El fiscal general considera que tras la declaración de independencia, los exmiembros del gobierno catalán como de la Mesa del Parlamento catalán, que llevaron la propuesta a votación, consumaron el delito y por tanto deben ser perseguidos judicialmente.
El siguiente paso es conocer si la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, asume la querella para investigarlo dentro de la misma causa que a los presidentes de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en prisión preventiva, y al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, por un delito de sedición.
Tanto en el caso de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo, una vez que se designe instructor y se admita a trámite la querella, el siguiente paso será su declaración en calidad de investigados. Si deciden no presentarse a la citación judicial, entonces se ordenaría su inmediata detención.
En las dos querellas, el fiscal reclama la "exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fija en un importe de 6.207.450 euros", que corresponden a partidas vinculadas a la celebración del referéndum.
Maza explicó que al haber perdido el fuero tras su cese y disolución del Parlamento catalán, no pueden ser investigados por el Tribunal Supremo ni por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por otro lado, considera que el delito por el que se les persigue es competencia de la Audiencia Nacional y tendrá que ser en ese órgano donde sean investigados.
El fiscal general considera que tras la declaración de independencia, los exmiembros del gobierno catalán como de la Mesa del Parlamento catalán, que llevaron la propuesta a votación, consumaron el delito y por tanto deben ser perseguidos judicialmente.
El siguiente paso es conocer si la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, asume la querella para investigarlo dentro de la misma causa que a los presidentes de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en prisión preventiva, y al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, por un delito de sedición.
Tanto en el caso de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo, una vez que se designe instructor y se admita a trámite la querella, el siguiente paso será su declaración en calidad de investigados. Si deciden no presentarse a la citación judicial, entonces se ordenaría su inmediata detención.
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