La Unión Europea advierte a Sánchez e Iglesias sobre la gestión de la COVID-19
La Unión Europea ha seguido con atención la gestión del Gobierno social-comunista (PSOE-Podemos) de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ante la pandemia del coronavirus, la COVID-19, en su primera y segunda ola en España.
La Unión Europea ha mostrado especialmente su preocupación por la devastación que ha supuesto en las residencias de personas mayores y la falta de medidas peventivas en las dos olas así como a la ausencia de una política efectiva e inmediata ante una situación que ha sido devastadora para miles de familias en España.
Un informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), el organismo europeo de referencia en la crisis sanitaria, alertó del "exceso de mortalidad" en algunos países, como España instando a medidas urgentes para contener la expansión de la COVID-19 en las residencias de personas mayores.
Hay que recordar que en el mes de marzo, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se puso al frente de los servicios sociales durante la pandemia. Pero en plena crisis, Pablo Iglesias rechazó sus responsabilidades argumentando que la competencia correspondía a las comunidades autónomas.
Según el documento del ECDC, "la mortalidad por todas las causas observada entre las personas mayores subraya el severo impacto de la COVID-19 en esta población".
"Los residentes de estos centros son una de las poblaciones más vulnerables y se debe prestar especial atención a la prevención de la introducción del SARS-CoV-2 y al control de los brotes", subrayó el ECDC. Enfatizó que dada la situación de mayor vulnerabilidad y problemas de salud subyacentes, los brotes en las residencias "pueden tener efectos devastadores".
El ECDC apuntó que una vez que el virus entra en estas instalaciones, la probabilidad de transmisión "es alta". Subrayó su seria preocupación en todos los países, avisando del incremento de la presión en los servicios sanitarios y cuidados intensivos. "El impacto general de la infección para los residentes se considera muy alto". destacó.
El ECDC mencionó especialmente a España señalando que en la primera ola se registró un "sustancial exceso de mortalidad". En la segunda ola, España también ha sido señalada junto con Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Suiza y Eslovenia. Atención fundamentalmente a personas de 65 años o más, "con el mayor exceso observado en las personas de 75 a 84 años y de 85 años o más".
Pesea la inacción por parte del Gobierno (que durante los meses de verano negó la evidencia de la segunda ola), el ECDC subrayó que el número de casos empezó a aumentar en la Unión Europea en julio y que "todos los países han alcanzado ya un nivel superior (de contagios) a los observados durante la primera ola". El documento señala que hasta el 6% de los ancianos residentes en España han fallecido por la COVID-19.
.El ECDC apunta a posibles causas de este enorme impacto como que el personal de las residencias trabajase infectado sin saberlo; la falta de alertas tempranas para identificar el virus en los residentes; o la carencia de información a los trabajadores y responsables de los centros.
Desde el sector de las residencias de personas mayores han reclamado insistentemente al Gobierno que les dotase de material suficiente, protocolos y pruebas PCR masivas.
Entre las medidas a aplicar, el informe europeo respalda los test de antígenos que desde hace meses se realizan en la Comunidad de Madrid, pese al rechazo inicial del Gobierno. Destaca que la rapidez que ofrecen estas pruebas en los resultados proporcionan un "valor añadido" para el rastreo de casos y el triaje de contagiados.
El ECDC apuesta por su uso en las residencias como instrumento eficaz para la identificación temprana de individuos contagiados que puedan transmitir la enfermedad. También para un rastreo más rápido de contactos y para la detección de trabajadores infectados.
La Unión Europea, en el caso especialmente de España. insiste y subraya la impotancia de que el Gobierno y las autoridades sanitarias presten atención prioritaria a la ayuda y prevención en las residencias de personas mayores.
La Unión Europea ha mostrado especialmente su preocupación por la devastación que ha supuesto en las residencias de personas mayores y la falta de medidas peventivas en las dos olas así como a la ausencia de una política efectiva e inmediata ante una situación que ha sido devastadora para miles de familias en España.
Un informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), el organismo europeo de referencia en la crisis sanitaria, alertó del "exceso de mortalidad" en algunos países, como España instando a medidas urgentes para contener la expansión de la COVID-19 en las residencias de personas mayores.
Hay que recordar que en el mes de marzo, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se puso al frente de los servicios sociales durante la pandemia. Pero en plena crisis, Pablo Iglesias rechazó sus responsabilidades argumentando que la competencia correspondía a las comunidades autónomas.
Según el documento del ECDC, "la mortalidad por todas las causas observada entre las personas mayores subraya el severo impacto de la COVID-19 en esta población".
"Los residentes de estos centros son una de las poblaciones más vulnerables y se debe prestar especial atención a la prevención de la introducción del SARS-CoV-2 y al control de los brotes", subrayó el ECDC. Enfatizó que dada la situación de mayor vulnerabilidad y problemas de salud subyacentes, los brotes en las residencias "pueden tener efectos devastadores".
El ECDC apuntó que una vez que el virus entra en estas instalaciones, la probabilidad de transmisión "es alta". Subrayó su seria preocupación en todos los países, avisando del incremento de la presión en los servicios sanitarios y cuidados intensivos. "El impacto general de la infección para los residentes se considera muy alto". destacó.
El ECDC mencionó especialmente a España señalando que en la primera ola se registró un "sustancial exceso de mortalidad". En la segunda ola, España también ha sido señalada junto con Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Suiza y Eslovenia. Atención fundamentalmente a personas de 65 años o más, "con el mayor exceso observado en las personas de 75 a 84 años y de 85 años o más".
Pesea la inacción por parte del Gobierno (que durante los meses de verano negó la evidencia de la segunda ola), el ECDC subrayó que el número de casos empezó a aumentar en la Unión Europea en julio y que "todos los países han alcanzado ya un nivel superior (de contagios) a los observados durante la primera ola". El documento señala que hasta el 6% de los ancianos residentes en España han fallecido por la COVID-19.
.El ECDC apunta a posibles causas de este enorme impacto como que el personal de las residencias trabajase infectado sin saberlo; la falta de alertas tempranas para identificar el virus en los residentes; o la carencia de información a los trabajadores y responsables de los centros.
Desde el sector de las residencias de personas mayores han reclamado insistentemente al Gobierno que les dotase de material suficiente, protocolos y pruebas PCR masivas.
Entre las medidas a aplicar, el informe europeo respalda los test de antígenos que desde hace meses se realizan en la Comunidad de Madrid, pese al rechazo inicial del Gobierno. Destaca que la rapidez que ofrecen estas pruebas en los resultados proporcionan un "valor añadido" para el rastreo de casos y el triaje de contagiados.
El ECDC apuesta por su uso en las residencias como instrumento eficaz para la identificación temprana de individuos contagiados que puedan transmitir la enfermedad. También para un rastreo más rápido de contactos y para la detección de trabajadores infectados.
La Unión Europea, en el caso especialmente de España. insiste y subraya la impotancia de que el Gobierno y las autoridades sanitarias presten atención prioritaria a la ayuda y prevención en las residencias de personas mayores.
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